jueves, 22 de diciembre de 2011

“¿LEY MORDAZA?”. Respuesta a los critican el cambio de la ley sobre las interceptaciones y difusión de las comunicaciones privadas





Con todo el poder que la prensa ostenta en este siglo XXI, se ha motejado al proyecto presentado por Javier Bedoya penalizando la conducta de quienes difunden el contenido de las comunicaciones privadas, como “la ley mordaza”.

Nadie tiene derecho a invadir la esfera de privacidad de las personas. Este es un ámbito reservado en las comunidades para que se produzca el desarrollo personal, para que el ser humano se explaye con total libertad y sin temor, incluso, a las convenciones sociales o a que las normas de conducta o urbanidad sean traspasadas. Opinan sin tapujos y sin límites lo que piensan acerca de otras personas o de determinadas situaciones, hablan en hipótesis o con ánimo lúdico, dan curso a sus entusiasmos o manifiestan sus depresiones. En suma, si como decían los antiguos ingleses respecto a lo que se vivía al interior de las cuatro paredes de su morada de que “My home is my castle”, con lo cual se dejaba afuera al rey y a las autoridades sin poder invadir ese recinto, hoy se puede señalar lo mismo con respecto a las comunicaciones “My telephone is my heart” .

Si permitimos que ello suceda se dará pie a la maldición que denuncia Norberto Bobbio con relación a las sociedades modernas, donde no es ya la persona la que controla al poder, sino el poder el que controla al individuo.
En la democracia nadie puede sentirse al margen del respeto que debe a los derechos constitucionales de los demás. Tampoco la prensa. No porque en algunas y recalco, algunas, oportunidades ha actuado conforme a los objetivos de la democracia y ajena a toda pretensión de favorecimiento singular, podemos decir que ese ha sido el patrón. En muchos, también recalco, bastantes casos, ese poder ha sido utilizado para hostigar a los adversarios no sólo políticos, sino de grupos económicos diferentes a aquellos que tienen el control de los medios.

Los delitos de interferencia que de por sí son graves, se convierten en inmensamente más crueles para la víctima cuando lo conversado en ese espacio propio se difunde y se autoriza per se cada comentarista o cada lector o televidente al que se hace llegar la materia del delito (la propia interfenrencia) a especular sobre lo que se dijo en diálogo privado y a hacer expresiones de valor a partir de eso. 

Por ello es que resulta acertado que se penalice a quienes proceden sin respeto a las formas constitucionales, donde queda claro que es el Juez el encargado de decidir si se autoriza o no la interferencia y cuáles de esas conversaciones agrega al sumario. Los periodistas no pueden pretender ni que les pongamos corona ni en convertirse en jueces de su propia causa.

Ya el dictamen ha amenguado los efectos del proyecto original. Esperamos que quienes tienen que decidir no vuelvan a flaquear por la tinta que se vierte en los periódicos o los espacios que se repiten en los medios de comunicación.


Alberto Borea Odria



Imagen: edicion online de Peru21
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miércoles, 14 de diciembre de 2011

DIRIGENTES QUE NO DIRIGEN PORQUE NO LEEN



Otro de los problemas de la política peruana es el constante zarandeo y la obsesión por las naderías. No importa si ayer se dijo que frente a un tema la respuesta adecuada es esta y mañana, sin ninguna explicación razonable se conduce ese personaje por otra vertiente desdiciéndose de lo que acababa de afirmar pocas horas antes y proponiendo hasta una solución contrapuesta. Eso produce una constante desilusión en la sociedad. Si pidió que votaran por él por los motivos que expuso en su campaña y luego desde el cargo público al que accedió se desdice de esa promesa sin argumentos convincentes, se desgasta la credibilidad de lo público.
            El daño que Alan García hizo al país con su promesa incumplida respecto al retorno, con reformas de la Constitución de 1979, sólo sería más grave si el actual Presidente también dejara de cumplir con su palabra o pusiera escollos a la tarea que los ciudadanos llevan a cabo para suplir aquello que sus parlamentarios todavía no se atreven a hacer.
            Pero ese zarandeo se debe, entre otras cosas, a que quienes están en la actividad política no leen. No estudian. No conocen las diversas respuestas que en las sociedades se le ha dado a esos problemas que posiblemente no sea en nuestro país donde por primera vez se presenten.
            La lectura en política ayuda a abrir horizontes, desarrolla la imaginación porque quien lee preguntándole al libro siempre se pone un paso más allá de aquello que se le está diciendo en el texto. Vale decir, la buena idea se convierte en semilla en el cerebro receptor y al confrontarse con la realidad de quien la está leyendo, produce nuevos frutos. Da especiales respuestas.
            Sería interesante conocer cuántos libros han leído los dirigentes partidarios. No hojas de propaganda, ni folletos de difusión, que es necesario revisar en una etapa inicial de la participación política.
            Un partido político debe de exigir a sus dirigentes que lean, que se curtan en las ideas que dicen promover. Sería muy conveniente que los partidos premiasen, con un voto calificado en sus elecciones internas, o abriera el paso para representar al partido en la sociedad, sólo a aquellos que se han dado el trabajo de adentrarse en el pensamiento común y que por lo mismo van a saber qué decir coherentemente en su constante comparecencia frente al público.
            De esta forma se evitará lo que los italianos, en su crisis política llamaron “el cualquierismo”, que no es otra cosa que la pretensión de quien no tiene ni vocación, ni formación, ni oficio en la tarea pública, de postularse como conductores de una nación que de verdad apenas conocen y que no pueden compararla con nada porque sus horizontes no han sido ilustrados ni por una letra.
            De ese mal padecemos mucho ahora en el Perú. Encontrémosle una cura.

Alberto Borea Odria

Imagen de internet
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jueves, 8 de diciembre de 2011

DIRIGENTES QUE NO DIRIGEN. Una reflexión de la falta de labor de los partidos políticos en el Peru



 El corto circuito que continúa produciéndose en el país entre quienes ocupan las posiciones de poder y el pueblo mismo, se agrava porque los dirigentes de los partidos van poquísimas veces, en realidad casi nunca o nunca, a las provincias o a los distritos para dialogar con los miembros de su partido y para informar en general al pueblo de lo que se realiza desde las altas esferas del poder del país o de la región, ni tampoco para explicar lo que piensa cada partido con relación a los temas que importan a la población. Menos todavía, a formar cuadros o a promover conversatorios en los cuales se pueda recoger inquietudes y canalizar las aspiraciones de los peruanos. En suma, ni forman, ni expresan la voluntad popular.

Casi ningún partido tiene locales abiertos en las capitales de provincia en el Perú, y en esa carencia también está incluida el Apra. En algunos casos quedan todavía, en las puertas de algunos inmuebles cuyas puertas están invariablemente cerradas, cartelones de lo que fueron los comandos de campaña para las elecciones, pero no están abiertos ni como lugares de debate ni de intercambio de información. Pasó el proceso y terminó la inquietud.

Los dirigentes partidarios trabajan poco. Estos forman parte de Comités Ejecutivos Nacionales y, por lo general, no visitan los departamentos ni una sola vez en todo el término en que se mantienen en el cargo. Lo mismo pasa en relación de los dirigentes regionales con relación a las provincias y con los provinciales respecto a los distritos. En el mejor de los casos se reúnen en su nivel de vez en cuando para emitir alguna opinión basada simplemente en su pensamiento o en lo que leen en los periódicos.

Para cambiar debería de obligarse estatutariamente a que los dirigentes nacionales viajaran por lo menos una vez al mes a una región y, además de su capital visitaran dos provincias distintas cada vez, y que los dirigentes regionales lo hicieran a la capital de cada provincia y a dos de los distritos en cada oportunidad. Además, esos viajes deben de hacerse con agenda en donde se dé espacio para que se promueva el debate y para que los mismos dirigentes puedan ir viendo a los jóvenes que tienen condiciones.

La falta de cumplimiento de esta obligación para con la democracia en general, debe sancionarse con la pérdida del cargo partidario si es que se repite en tres oportunidades en el año. Este es un rasero objetivo. Cada uno verá si su visita es fructífera o no, pero la presencia de dirigentes nacionales, regionales y provinciales en las 194 provincias del país va a ayudar, sin duda, a una política mucho más estructurada y le quitará la ilusión a los comodones que creen que basta declarar desde Lima para que hayan cumplido con su función dirigencial. Así empezaremos a reconstruir en serio los partidos.    

Alberto Borea Odria

Imagen tomada de internet
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viernes, 2 de diciembre de 2011

LA IMPRESCRIPTIBILIDAD: A propósito del debate sobre los delitos en el ejercicio de la función publica





Mucho se ha venido hablando del tema de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante el ejercicio de la función pública. Eso quiere decir que una persona que estuvo sirviendo al Estado desde cualquier posición no puede aspirar a la tranquilidad en ningún momento de su existencia porque, aunque hubieren pasado treinta años desde que dejó el cargo, a alguien, en el año 31, puede antojársele formularle una denuncia y someterlo a un proceso judicial sobre hechos totalmente pretéritos, con pruebas casi imposibles y con una realidad totalmente diferente.
            Se cree que con eso se es más eficaz en la lucha contra la corrupción y no se piensa que para este mal existen otros remedios que sí son adecuados, mientras que con esta propuesta se deja siempre abierta la posibilidad de venganza o de la malsana costumbre de inutilizar al adversario político inventándole una tara.
            Una de las características de la acción penal es que debe ser oportuna. La persona a la que se acusa debe de tener la posibilidad de defenderse adecuadamente, teniendo a la mano las pruebas y hasta los recuerdos frescos de lo que ha sucedido en el tiempo en que se le acusa de haber cometido un crimen.
            Por ello es que el Código Penal fija como término de la prescripción que corresponde al extremo más severo de la pena. Un delito de difamación no podrá prescribir en un tiempo mayor que el que corresponde a un delito de homicidio. Cada delito tiene su gravedad y por ello es que se fijan las penas de distinta manera. Perdonar un insulto es bastante más sencillo que perdonar la comisión de un asesinato.
            Con la propuesta hecha por los “moralizadores”, aunque el delito contra el Estado hubiere sido mínimo, la pena sería imprescriptible. Vale decir, el que malversó fondos para paliar una catástrofe porque en ese momento no había de donde sacar dinero para ayudar a las víctimas y ese traslado de recursos no fue luego formalmente convalidado, aunque hubiere sido socialmente aceptado, tendrá que esperar hasta su muerte por si alguien que resulte su adversario ocasional por una elección llevada muchos años después del suceso quiere usar ese hecho como arma electoral. Peor todavía si el delito no se cometió. Bastaría que un fiscal de esos que buscan notoriedad, removiera el asunto aunque ese funcionario no hubiera cometido ningún acto ilícito por leve que fuera, pero igual se le podría procesar. Esto es injusto. Con esto se aleja aún más a la gente decente del servicio público.
            Se puede sí señalar que el término prescriptorio no ha de correr (porque no empiece o porque se suspenda) mientras que el funcionario se halle en el poder o mientras el partido que lo eligió gobierne, de esta forma se cerraría también la posibilidad de impunidad que se da en las largas dictaduras, pero no clausurar la figura de la prescripción. Esto me parece demagógico y desequilibrado.   

Alberto Borea Odria

Ilustracion: Internet

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viernes, 18 de noviembre de 2011

MANDAMIENTO CÍVICO: NO OLVIDAR





Recuperada la democracia luego de haber sido sostenida por más de un lustro con tenacidad ejemplar por el Foro Democrático y cuyos últimos pero decisivos y definitorios actos fueron el de la marcha de los Cuatro Suyos liderada por Alejandro Toledo y el esfuerzo hecho por Fernando Olivera para mostrar al mundo la porquería del gobierno fujimontesinista que la OEA había avalado a pesar del esfuerzo de Eduardo Stein, apenas 60 días antes, parece que nos quisimos olvidar como nación de lo que fue el grito precursor para la pronta recuperación del sistema de libertades: la gesta del 13 de noviembre de 1992, donde un grupo de esforzados y conscientes militares constitucionalistas, como lo fue Miguel Grau en el siglo XIX, se reunieron para cumplir con la tarea que la Constitución de 1979 le encargó a todos los peruanos: devolver a la nación a la democracia si alguien, como pasó con Fujimori y su gavilla, osaba arrebatársela.

Muchos callan porque quieren que se olvide, porque no les conviene que se les recuerde la manera timorata o complaciente como se portaron durante todos esos años en que se envileció a la nación con embustes y apariencias y donde se hicieron notar los silencios de quienes se hicieron de la vista gorda.

Han pasado de ello 19 años y todavía, pese a la sucesión de gobiernos democráticos no se ha terminado de reparar el daño que les causó la dictadura y de reconocer con hechos el patriotismo con que se condujeron sus protagonistas.

Como ciudadano peruano insto a nuestro Presidente, quien tuvo un acto parecido 8 años después de aquel, a que de una vez por todas concluya este capítulo. Me parece profundamente injusto que quienes no se atrevieron a defender el Estado de Derecho y las libertades y fueron ascendiendo en el escalafón militar manteniéndose a la sombra y sin protestar, aceptando los puestos incluso de subordinación directa a los Hermoza Ríos y Saucedos o Villanueva Ruestas, hayan pasado en cuanto a sus posiciones a quienes debieron de ser considerado primeros por servicios distinguidísimos al país, por el coraje demostrado y porque se atrevieron a mostrar un Ejército que por encima de personas cree en instituciones, y dentro de ellas, la democracia.

Se dieron leyes parciales que se cumplieron a regañadientes. La reparación para esos oficiales tiene que ser la de considerarlos ascendidos primero directamente en el momento de los sucesos por acción distinguida y luego, ascendidos automáticamente en cada oportunidad que les correspondió ascender, que mucho más vale en los militares los gestos de coraje y valor que saberse de memoria los manuales o repetir los procedimientos de formación.

Además, deberá el Estado terminar de reintegrarles todos esos derechos que la dictadura les arrebató. Los del 13 de noviembre, desde los capitanes que participaron y de allí para arriba, en todas sus jerarquías son mucho más generales que cualquiera. 

Alberto Borea Odria

Fotografia: Caretas
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miércoles, 9 de noviembre de 2011

OLLANTA HUMALA Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL





En reciente entrevista, el Presidente que fue electo para realizar un cambio en el tema de la distribución social y de la recuperación ética del país, ha señalado que no insistirá él, por ahora, con el tema de la reforma constitucional.

Esto es contradictorio con su mensaje de todo el período preelectoral, incluido el de la segunda vuelta, donde muchos peruanos lo apoyamos precisamente porque anunciaba que no se continuaría con esa cínica convivencia del poder en democracia, con las formas y las órdenes impuestas por una dictadura a la que dice haber combatido, aunque no fuera sino sólo en el 2000, luego de 8 años de iniciada la batalla por la sociedad civil y por los valientes militares del 13 de noviembre.

Hay que recordarle, por si quiere parecerse a él, que Alan García también prometió que acabaríamos con ese texto que no dice bien de la dignidad de los peruanos y que, con el cuento de “mejor esperamos para no discutir”, aunado a la peor interpretación del especio tiempo histórico ensayado para claudicar con la inmundicia, dejó pasar sus cinco años en el poder sin cumplir con su promesa. Anhelamos que no le pase lo mismo al Presidente Humala y que le ahorremos al Perú una nueva desilusión.

Pero el hecho que el Presidente no plantee la reforma, no quiere decir que el tema no se va a tocar. Hay varios millones de peruanos, el 78%, incluso en una encuesta de Apoyo con una pregunta bien sesgada para que se dijese que no debía de producirse un debate constitucional, que cree que debe de haber o una reforma a partir de la Constitución del 79, o una a partir de la “constitución” de 1993, o una Asamblea Constituyente.

Que al sector que se favoreció con el modelo excluyente en lo económico y lo social y liberado de controles políticos que planteó Fujimori le moleste que el tema se oponga a ello, es razonable. Pero una gran porción del país quiere que este tema se arregle.

Que Fujimori y sus secuaces dictaran una “constitución” apoyados en la fuerza no puede, como dijo Jean Jaques Rousseau obligar a su cumplimiento cuando esa fuerza ha cesado y cuando, además, fue producto de la voluntad de gente que delinquió contra el país. Los peruanos, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Queremos esta vez congruencia entre el dicho del candidato y del juramento presidencial.

Hoy más que nunca es preciso enseñar cuál es el camino y esperar que el Presidente Humala, así como se ha dejado envolver por los cantos de sirena de quienes en muy poco estimaron la democracia, se vuelva a sentir atraído por los clamores de ese país que lo eligió y que pide, aunque no sea riqueza, por lo menos una estructura jurídica y política que lo incluya y que se produzca de una vez para siempre, la cancelación de los vestigios de ese régimen detestable.

Alberto Borea Odria

Ilustracion: Internet
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miércoles, 2 de noviembre de 2011

REFLEXIÓN SOBRE EL PAÍS: SIN ORDEN NO HAY PROGRESO





La asociación de orden y progreso es esencial en el mundo moderno. Si no existe el primero es muy difícil que se encuentre el segundo, y sin progreso no podrá haber mejoría en el nivel de vida de los habitantes de un país. Podrán, al río revuelto del caos, pescar más y más algunos privilegiados que saben cómo manejar mejor los personales intereses de quienes fingen estar al mando de la disciplina social, pero el hombre que carece de esa desfachatez verá cómo es que le pasan por encima todos aquellos vivarachos que se empavonan hasta lo máximo con su bienestar conseguido con la perpetuación del desorden.

Por eso es que resulta necesario que se dicten normas que se puedan cumplir, y que se perciba un compromiso de las autoridades por hacerlas efectivas.

Ello debe darse a todo nivel, pero debe plasmarse también en la supervisión estrecha y sin miramientos de las cosas sencillas que harán que la propia comunidad se vuelva menos comprensiva cuando las faltas son cometidas por quienes están en cargos de más alta responsabilidad y son más visibles. El “roba pero hace”, por ejemplo, podrá ser combatido en tanto que haya una disciplina social más marcada.

Para eso no basta ir muy lejos. Los caos que se generan en las carreteras o en las calles de Lima con el tránsito, pueden ser una buena muestra de ello. A cada instante quienes transitan por la vía de evitamiento son testigos de dos cosas: de las reiteradas señales que indican que los vehículos pesados no pueden ir por el carril izquierdo y, a la vez, de los numerosos camiones que transitan precisamente por ese carril. De la misma forma, en las carreteras se ve signos de la velocidad máxima y bólidos que centellean a una velocidad mucho mayor que la marcada. Ni qué decir de camiones que usan una potentísima luz blanca en la parte posterior de su vehículo la que se activa con el freno y que ciegan a quien viene detrás de ellos con el grave riesgo de una colisión.

Esto se multiplica en las ciudades donde cualquier vehículo de servicio público para donde le viene en gana o donde se cierran las intersecciones por meter el carro cuando ya no hay espacio en la siguiente cuadra.

Todo esto está catalogado como infracción, todo esto es visto por cientos de policías y nada de esto es sancionado, contribuyendo así a la sensación de la inutilidad de las normas y a la devaluación total del Derecho.

Este tópico es muy bueno para saber si, efectivamente hay un compromiso de las autoridades con las leyes, o si estas solamente están de adorno o para garantizar arbitrariedad y ventaja a quienes dicen ser encargados de aplicarlas. Si no empezamos por esas pequeñas cosas, si como país no nos disciplinamos, nos estancaremos, aunque las cuentas nacionales digan que crecemos en la economía al 8%. Sin orden, nadie disfrutará del progreso. 

Alberto Borea Odria

Foto: La Primera.pe
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miércoles, 26 de octubre de 2011

A propósito del caso de Ciro Castillo Rojo: HABLAR POR HABLAR





Es impresionante la manera como saltan a la piscina los entrevistados respecto al caso del joven Ciro Castillo. Este virus no sólo ataca a las personas de a pié, bueno fuera, sino que se inocula especialmente en aquellos que tienen un cargo público o una notoriedad política y que son abordados para que opinen sobre los distintos giros que toma el caso o sobre el lugar donde deben de hacerse las diligencias o sobre las medidas que se deben de tomar en contra de los involucrados.

Más sorprendente todavía es cuando se absuelve o se condena sin haber visto una sola prueba de lo que está en el expediente y donde se presume, especialmente por los hechos que a su vez han supuesto quienes tienen la facilidad de hablar a través de los medios de comunicación, acerca de las conclusiones que se puede extraer de este brumoso caso.

Muchos medios se sienten tentados a poner en cuestión al juez o al fiscal porque ordena tal o cual diligencia, cuando a su juicio ya no es necesaria, o cuando se prescinde, por el contrario, de llevar adelante una actuación que quienes investigan como autoridades no estiman ya relevante.

Todo esto nos lleva a los juicios mediáticos, a las condenas sin análisis y a veces hasta en contra de lo que dice la razón o lo que el propio juzgador ve del resultado de esas indagaciones y de la aplicación del derecho. En este caso el acusado o el comprometido en la pesquisa ven angostado el margen de su actuación, puesto que los encargados de aplicar las leyes y de hacer justicia, se sienten presionados al punto de entender que será un demérito el ir en contra de la opinión mayoritaria.

Muchas veces, cada vez con más frecuencia, los jueces y fiscales se dejan llevar por lo que leen en los diarios, escuchan en las radios o ven en la televisión y carecen del coraje necesario para saber decidir al margen de lo que diga la mayoría. Creen que si contradicen ese veredicto mediático van a ver comprometidas sus posibilidades de ascenso o de permanencia en su carrera, o también, de alcanzar una notoriedad que les sirva de trampolín para su vida futura.

Hay quienes creen que por haber sido elegidos o designados están en la obligación de opinar sobre todo. Con ello sólo contribuyen a la confusión y, porque no decirlo, a convertir e muchos inocentes en culpables o a que los sindicados deban de soportar situaciones de pérdida de su libertad mientras se aclaran las cosas en el proceso y se decide por parte de quienes están en la posibilidad de hacerlo bien.

Ojalá que aprendan las personas públicas a decir “sobre este tema que no conozco a fondo, prefiero no opinar”. El Perú, avanzaría mucho.

Alberto Borea Odria


Foto: Internet



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viernes, 21 de octubre de 2011

LOS DESTINOS DE LOS MILITARES




El gran número de generales pasados al retiro como consecuencia de la designación del nuevo jefe de la Policía Nacional, hace que se piense en la corrección del sistema. Este artículo, no obstante, no juzga el caso concreto, sino que elabora hacia lo que debe ser un mejor modo de garantizarnos el equilibrio y la capacidad de las instituciones y la permanencia y desarrollo en ellas de los profesionales más capaces.

            En la Constitución de 1979 los ascensos a los cargos de oficiales generales debían de ser ratificados por el Senado de la República. Ello permitía transmitir que la lealtad que quienes a ese cargo ascendían y a quienes les correspondía conducir a la institución armada, así como a la que se encarga de proteger el orden interno, debía de ser con el sistema y con la globalidad del país y no con un ser de carne y hueso llamado Presidente de la República.


Se dijo que ello obligaba a que los oficiales se acercaran a los senadores para presentar sus casos y que terminaba siendo una negociación entre los distintos sectores políticos. Sin embargo, la remoción de esta modalidad por parte de la “constitución” de 1993, ha sido peor que la forma que ha reemplazado. Hoy día hay que estar bien sólo con uno, el Presidente o su círculo cercano, y hay siempre la tentación, en la que se cayó con frecuencia en la época de Fujimori, de ponerse al servicio de ese personaje de la vida política sin ningún empacho con relación a los actos que se llevan a cabo. Vale decir, la politización sigue existiendo, pero con el agravante que resulta ejercerse al arbitrio de un solo actor y sin el control que siempre presta el equilibrio.

            A mi criterio no sólo los ascensos a estos cargos, sino también las invitaciones al retiro en estas esferas, deberían de ser materia de ratificación por el Senado o por el órgano legislativo. De esta manera se aminora el peligro de las tentaciones de dejar de lado a quienes por razones ajenas a la competencia profesional o a la disciplina debida, puedan resultar incómodos para quien quiera sacar los pies del plato democrático.

Pero no sólo es este el problema de los ascensos. También se presenta en las continuas injusticias y postergaciones inexplicables que se repiten en los procesos para escalar en los rangos menores. Luego del examen quien quedó primero utilizando los criterios que se fijaron en la convocatoria, es dejado de lado porque los de su promoción “no deben de ascender” porque ya no van a llegar a ser generales. Y entonces, ¿para que se les permitió postular? O ¿acaso todos los que están en el ejército deben de poder ser generales, no puede haber buenos coroneles o buenos comandantes que cumplan con eficiencia su tarea en esos escalones de la carrera militar?
            Todo esto tiene que acabar y reformarse. La vida militar no puede ser sinónimo de campo fértil para la injusticia irreparable.

Alberto Borea Odria

Foto: Internet 
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miércoles, 5 de octubre de 2011

JAIME DE ALTHAUS Y LA INTOLERANCIA DEL TEMOR




No acostumbro contestar las alusiones que se hace contra mi persona, pero en este caso lo voy a hacer porque teniendo quien la ha formulado una tribuna diaria, no quiero ni que se de por aceptada la especie, ni menos por absorbido sin protesta un agravio de la peor cosecha.

            En mi vida pública, más allá de las discrepancias que he tenido con distintos políticos y personas, sólo una vez antes que esta, me dijeron que no quería a mi patria. Esa vez lo hicieron Fujimori y Montesinos, allá por 1992 cuando me endilgaron junto a Mario Vargas Llosa, César Hildebrandt y Gustavo Gorriti, el membrete de antipatriotas. La causa fue que luchábamos porque nuestra nación no se dejase idiotizar por los artífices de una campaña destinada a acallar cualquier protesta que dejase en claro que lo que estaba instaurando en el Perú no era una democracia, sino una dictadura, y que los países amigos del Perú y su pueblo, debían de medir con esa vara a quien se había alzado con el poder.

            El miércoles pasado, Jaime de Althaus, en su programa de televisión diario, escandalizado por el proyecto que hemos presentado para que se resuelva la crisis que atraviesa el sistema constitucional peruano, volvió a soltar la especie. Por cierto que notas parecidas se habían publicado en su columna del diario “El Comercio”.

            Ya sabemos que la historia no le dio la razón ni a Fujimori, ni a quienes como Jaime de Althaus lo admiraban y le quemaban incienso en sus programas del entonces Cable Canal de Noticias. Si por él hubiera sido, hasta el día de hoy estaríamos sometidos a la dictadura en aras de una supuesta libertad económica. Quiero citar aquí a Giovanni Sartori cuando en su libro “La Democracia en 30 lecciones” dice: “El que renuncia a la libertad a cambio de pan es sólo un … (digamos nosotros un equivocado, para no agraviar). Si la libertad no da pan, es aún más seguro que tampoco lo da la falta de libertad”.

            Nada hubiera sido más lógico y caballeroso, ya que me había aludido malamente, que pudiésemos tener una conversación en igualdad de condiciones al día siguiente, pero él se negó a ello. Primero me citó para ese lance que acepté y a las pocas horas se retractó.

            Una pena porque más allá de las grandes distancias ideológicas, primero en la Universidad cuando él estaba cercano al comunismo y yo en el centro; y luego ya mayores, donde él se había pasado a la dictadura de derecha y yo seguía en el centro democrático, es una persona a la que no le tengo ni inquina ni rencor, ni menos por cierto, envidia.

            Espero que Jaime sepa retractarse y pedir las disculpas del caso. Un agravio como el que me ha dirigido no creo merecerlo. La intolerancia de sus mentores no debería pegársele a él, quien siempre ha pretendido dar una imagen atildada. Que la elegancia entre también dentro de sí.

Alberto Borea Odria

Articulo publicado en La Primera
Foto: Internet
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lunes, 3 de octubre de 2011

Alberto Borea: “Alan García estafó al pueblo peruano”, a proposito de la reforma constitucional que se plantea




El constitucionalista Alberto Borea y los apristas Javier Valle Riestra y Carlos Roca criticaron al expresidente Alan García por no cumplir con su promesa de restituir la Constitución Política del Perú de 1979, por lo que consideraron que “traicionó” al pueblo y tuvo una actitud “timorata” frente a grupos de poder económico.

“Alan García claudicó, no cumplió, estafó al pueblo peruano, porque le dijo que íbamos a tener nuevamente una Constitución democrática a partir de la Carta en la cual él también participó, junto con Carlos Roca y Javier Valler Riestra”, indicó Alberto Borea.

Sostuvo que pese a su promesa, García prefirió “la miel del poder” y los contactos que adquirió antes, que el compromiso personal con el pueblo peruano.

Borea hizo estas declaraciones durante una reunión convocada en la sede del Colegio de Abogados de Lima y ante numerosos letrados, con el fin de dar detalles de la iniciativa legislativa que plantea la reforma de la actual Constitución, sobre la base de la Carta Magna de 1979.

Por su parte, Javier Valle Riestra sostuvo que pese a que la reforma constitucional estuvo implícita en el plan de gobierno del Apra en el año 2006, “tuvieron miedo de asustar a los grupúsculos económicos de poder, creyendo que retornar a la Constitución de 1979 era dañino para sus intereses, cuando no lo es”.

En ese sentido indicó que el régimen pasado tuvo una actitud “timorata” frente a los factores reales del poder, así como una falta de decisión, abulia e inercia política.

Por su parte, Carlos Roca hizo uso de la palabra como miembro del Partido Aprista y expresó su satisfacción por la reforma de la Constitución de 1993, porque ese fue un reclamo del “partido del pueblo” que se incluyó en el Plan de Gobierno que el Apra presentó durante la campaña electoral del año 2006.



Articulo publicado en www.Diario16.pe
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jueves, 29 de septiembre de 2011

REFORMA CONSTITUCIONAL: TOMANDO LA INICIATIVA



A un grupo de peruanos que hemos luchado intensamente contra las dictaduras nos parece preciso para el país que no vuelva a estancarse el propósito de reforma constitucional que insinuó el Presidente Humala en su discurso inaugural.
            Han pasado dos meses desde esa declaración y al no haber tomado la iniciativa los parlamentarios ni el Poder Ejecutivo, es necesario que se impulse el tema desde la sociedad civil, aquella que nunca cejó en su lucha por devolver al Perú al estado de dignidad constitucional.
            Hay quienes creen que es asunto de menor cuantía o una lindeza de la que hay que correr, el hecho que el Perú sea gobernado según lo que quiso una dictadura. Eso no es verdad. Incluso si Keiko Fujimori señaló en la campaña que se arrepentía del golpe de Estado que se perpetró en 1992, no puede menos que revisarse el fruto directo de ese acto que provoca el pedido de perdón: la denominada constitución de 1993.
            La propuesta apunta a que sea este Congreso plural, elegido hace menos de medio año, el que debata y revise el sistema constitucional del país teniendo como base la Carta de 1979. Fija además un plazo suficiente para que este hecho se produzca. No le coloca un poder constituyente al lado de tal forma que sean los propios elegidos los que cavilen con tranquilidad y decidan sobre una Constitución donde todos puedan llevarse en armonía consolidándose el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo económico que nos ha de beneficiar a todos.
            De esta manera, todos los sectores, incluso el fujimorismo, esta vez bajo las reglas democráticas, podrán participar en este debate y el resultado será el de una norma que refleje una voluntad auténtica.
            Ello servirá de lección no sólo en el país, sino también en el hemisferio, de que una dictadura no tiene derecho a endilgarle al país su credo y a que todas las autoridades de una nación democrática, resultado de la lucha contra ese flagelo autoritario, deben de seguir a pie juntillas con sus dictados. Como señalaba Rousseau, “la fuerza es una potencia física, y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber?... Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en absoluto”.
            Esto mismo pasó con la “constitución” de 1993. Impuesta por la fuerza como barniz de una dictadura y estando ya presos los que sometieron al país, no tiene el Perú ninguna obligación de obedecer lo que quiso el autócrata.      
            Vayamos hacia las nuevas reglas que se ha de dar la democracia. Para ello, apoyemos la iniciativa popular de reforma constitucional firmando los planillones.

Alberto Borea Odria

Imagen tomada de internet
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viernes, 16 de septiembre de 2011

CONGRESO ITINERANTE




Es cierto que el Congreso no pasa por un buen momento en el rubro de la aprobación popular. No sólo por su pauperización a partir del golpe de 1992, sino porque se espera de quienes lo integran cosas que no pueden hacer porque las normas de distribución del poder le encargan esas tareas a otros poderes, sino, porque además, los parlamentarios insisten en hacer aquello que les está vedado.


La tarea parlamentaria exige un esfuerzo serio por darle un norte al país. Las leyes lo que hacen es planificar el destino del mismo. Señalan qué es lo que ha de hacerse frente a determinadas circunstancias, qué es lo que hay que fomentar para que los privados se embarquen en esas travesías poniendo en juego sus recursos, así como ordena sancionar a quienes trasgredan el orden social que se fija en las leyes.

Esa tarea, sin embargo, no ha sido difundida y ha quedado retrasada en el circuito de la comunicación social. Los parlamentarios no tienen cómo comunicarse con la población si no es a través de la prensa. Todavía los medios alternativos como el internet o las demás técnicas no son de uso tan masivo como para suplir la aparición en las pantallas de los canales de señal abierta, o para que se escuche su voz en las radios de alcance nacional.


Cómo hacer para que el circuito político no se desencuentre del circuito social es uno de los dilemas de la democracia actual. Si no se hallan canales para que los elegidos puedan comunicar a sus electores el sentido de su proceder en la Cámara a la cual estos los enviaron, entonces se produce un desilusión y una continua erosión en la legitimidad del Congreso.

Esa comunicación, además, debe de hacerse sobre los tópicos serios y de forma adecuada. Con espacio para que se formulen conceptos sin interrupción por parte de un interlocutor que quiere respuestas inmediatas como si se tratara de rendir lo que en la escuela se llama un examen “objetivo”. Conceder espacios radiales y televisivos a los partidos para que constantemente realicen esta tarea, me parece esencial.

De esta forma, los parlamentarios tendrán presencia sin tener que pagar el alto costo del “figuretismo”, que los hace aparecer haciendo cualquier cosa con tal de recordarle a la ciudadanía su existencia, aunque ello los convierta en bufos o comparsas. Así se podrá, por parte del electorado, comparar propuestas y constatar actitudes.
Las respuestas a estos reclamos no pueden darse como consecuencia de lo que diga una pluma tirada al viento, deben trabajarse a partir del rol y la función que les toca cumplir.

Es por eso que hay que revisar la respuesta de los viajes del pleno a las provincias. La visita a Ica no ha sido buena. Que vaya cada parlamentario mensualmente a dos provincias de las que lo eligieron, sí es indispensable. Que dé cuenta de sus reuniones con la población, importante. Pero que se pretenda que con una puesta en escena se resuelve el problema, me parece un error que agravará las cosas.

Alberto Borea Odria

Imagenes tomadas de internet
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miércoles, 14 de septiembre de 2011

La reforma constitucional y las lecturas sesgadas



Tal es el pánico que produce en los sahumadores de la “constitución” de 1993, la posibilidad del debate en serio esta vez, acerca de su legitimidad que pretenden decir que la encuesta que encargaron con preguntas oblicuas, confina a sólo un 11% el reclamo por el retorno a la dignidad extraviada que se presenta cuando un pueblo decide obedecer la legislación impuesta por una gavilla de delincuentes (asesinos, peculadores, violadores de los derechos a la intimidad personal, etc.) en donde no decidieron otra cosa que acrecer su poder, desentenderse de los límites a su ejercicio, romper cualquier concepto de pluralidad y congelar un modelo económico como más santo que la Biblia. Vale decir, donde se da la contra a todo aquello que la doctrina considera elemental para que se alcance la categoría de Constitución.


La encuesta en mención señala cuatro categorías y en tres de ellas se deja en claro que el país no está conforme con la situación tal como está en materia de carta magna. Sin embargo, su conclusión es otra. Dicen que no tiene sustento el debate constitucional porque sólo 12% respalda en su integridad el retorno a la Carta de 1979.

Ello significa crearse una realidad que no existe para combatirla y darse por vencedores de una batalla que nunca se ha presentado. Entre quienes aspiramos en el mundo del Derecho y la Academia al retorno a la legitimidad constitucional no hay quien piense que la Carta de 1979 tiene que ponerse en vigor sin modificaciones dictadas por las nuevas realidades que tenemos que vivir y sin normas transitorias que eviten que se genere una situación de desorden jurídico por lo sucedido en los 18 años que corren desde que nos endilgaron por la vía del fraude un texto cuyo primer y principal objetivo fue adormecer a la población acerca de la ausencia de un estado de Derecho.

Por eso, la conclusión a la que arriban es falaz. Esa encuesta debe de leerse en otra forma. Sólo 22% de peruanos está de acuerdo con lo que ahora tenemos, por lo que 78% piensa que debe de abordarse la reforma de las normas constitucionales del Perú. El 20% piensa que debe de cambiarse por una nueva. 12% piensa que el documento de base para ese trabajo debe ser la Constitución de 1979 y 39 % la “constitución” de 1993. 7%, finalmente, no opina. O sea que, descontado el 7% de abstención y recalculado el total tenemos que el 76.34% piensa que debe darse un debate constitucional.

Sin embargo, los entusiastas del texto Fujimorista presentan el resultado como si estuviera desahuciada la idea de la reforma, cuando está más viva que nunca. Que el resultado termine siendo uno u otro no implica que no deba de producirse la discusión. La “constitución” de 1993 tal como está tiene el tiempo contado y paso a paso, con la determinación del país, se abrirá nuevamente el debate que el nudo interés quiso y quiere cerrar.

Alberto Borea Odria
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lunes, 12 de septiembre de 2011

El impuesto a las sobreganancias: no se cayó el mundo





La imposición del tributo a las sobreganancias de la minería no acabó con las buenas relaciones entre las empresas mineras y el estado peruano ni ha provocado la estampida que anunciaron quienes a toda

costa insisten en no tocar ni con el pétalo de una rosa al gran capital, aunque ello implique dejar de lado la solidaridad esencial para la marcha de una nación.


Por el contrario, la paz social y el desarrollo que se puede alcanzar a través de los frutos de esta contribución van a ayudar a que los peruanos mejoren en sus condiciones de vida y de esa forma puedan, ellos mismos y cada vez con menos apoyo del Estado, ir trazando y alcanzando esas metas propias que La Libertad le permite a los seres humanos que salen de las urgencias propias de la miseria, donde, lamentablemente, sólo se puede atender a la necesidad del día.

Los tres mil millones de soles no son, para lo que ganan las mineras con la extracción de un mineral que no va a poder ser empleado por el país, una inmensa compensación, pero sí hace empalidecer hasta la vergüenza los 500 millones de soles que el APRA presentó como si fuese un gran logro al inicio de su gobierno. ¿Fueron en realidad tan incapaces para obtener lo que ya en todo el mundo se lograba? ¿Les faltó decisión para conseguir aquello que su propio fundador, al que casi han olvidado, les decía que era posible sabiendo plantear bien las cosas? No queremos imaginar otra eventualidad.

Ha quedado demostrado que el impuesto a las sobreganancias mineras es razonable. Nadie quien invierte cuando el precio del mineral está, por decir en doscientos dólares, deja de estimar la ganancia suficiente y el riesgo consecuente para el caso de una rebaja del precio de ese bien. Cualquier cosa por encima de ello es un plus que está muy bien que se perciba, pero que se comparta, puesto que las condiciones que pudo fijar el Estado, por ceder esa riqueza hubieran sido distintas de saberse que el valor de venta del mismo era, por decir, de 1,800. Aquí se produjo lo que los romanos llamaron un cambio fundamental en las circunstancias, que rompe el sinalagma o equilibrio que se debe dar entre las prestaciones y que autoriza, especialmente a la parte menos favorecida que en este caso es el Estado de un país pobre frente a las transnacionales, a volver a discutir los términos en que se pactó.

Por eso es que nadie en verdad se alarmó. Claro está que quienes ganan fortunas posiblemente quisieron seguir ganándolas en tanto los demás no protestaran, pero entendieron lógico que el reclamo se produjese y, así las cosas, mejor es no enervar la paz social que sólo se puede construir sobre la base de la justicia. Paz social, que como señala Stiglitz, es esencial para el desarrollo económico de los países y del propio mundo.

Alberto Borea Odria
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sábado, 10 de septiembre de 2011

El foro universitario



Ibo Urbiola, joven profesional en las ciencias políticas, acaba de publicar recientemente un libro al que ha denominado “Foro Democrático. Jaque a la dictadura”. Ese libro ha sido editado por El Virrey.

Dicho libro llena un vacío en las publicaciones acerca de la lucha política que entablamos quienes nos resistimos a aceptar tanto la dictadura de Fujimori cuanto la dictadura como proyecto conveniente para el desarrollo de una nación.

En los 8 años y 8 meses que corrieron entre el golpe de Estado de Fujimori y su fuga al Japón, ninguna institución fue más firme que el Foro Democrático, nacida de la misma sociedad civil ante el acomplejamiento de los partidos políticos, que era a quienes correspondía, por mandato constitucional, canalizar las inquietudes cívicas y procurar en la arena pública, la reinstauración de la democracia.

La verdad es que muchos de ellos miraron hacia otro lado y participaron del embuste de presentar al Perú como un régimen democrático con gobierno y oposición sanos.

Los demás, se quebraron de tal forma que no fueron capaces de articular respuestas. La dictadura los arrasó. Sin embargo, varios de sus dirigentes tuvieron la generosidad de participar dentro de la estructura plural que se formó en el Foro Democrático privilegiando los valores del sistema y dejando de lado los debates que es bueno se den cuando la democracia está vigente. Entre ellos cabe destacar a Valentín Paniagua, a Mauricio Mulder, a Lourdes Flores Nano (de retorno de su postura inicial condescendiente con el Fujimorismo), a Javier Diez Canseco, a Rolando Breña y a muchísimos otros que hicieron honor al papel que le toca jugar a los políticos en las sociedades libres.

Pero el libro destaca el rol que jugaron los jóvenes que se constituyeron en el Foro Universitario, cuya idea nació como consecuencia de una reunión habida en nuestro pequeño local de la calle Colón el miércoles siguiente al anunciado triunfo de Fujimori sobre Javier Pérez de Cuéllar. Estábamos esa noche César Rodríguez Rabanal, Fernando de la Flor, Ángel Delgado, Julio Cotler y yo. Se discutió sobre cómo hacer que la sociedad tomara conciencia sobre el valor del sistema eclipsado y se propuso un trabajo en dos niveles, el de ir a las universidades a buscar jóvenes inquietos y capaces de asumir el reto de una mayor movilización, y el de hablarle a la conciencia de los periodistas de provincia en el programa Prensa Popular y Democracia, que se desarrolló en todo el Perú.

Julio Cotler dijo: si no conseguimos que los jóvenes adopten el proyecto como suyo, el país no tiene cura. Hagamos el intento.

Lo hicimos y allí nació el Foro Universitario. ¿Cómo se desarrolló y qué es lo que hizo, y cómo lo hizo? Lea el libro de Ibo Urbiola. El Perú debe conocer la importancia de estos esfuerzos. Ello demuestra que en nuestra nación de hoy, también nuestra juventud ha sabido escribir páginas gloriosas y pacíficas, enarbolando valores superiores y sin mensajes extremistas.

Alberto Borea Odria
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lunes, 1 de agosto de 2011

Panamericana TV: Abogado Alberto Borea defendió el juramento del Humala por la Constitución de 1979. VER EL VIDEO


El abogado Alberto Borea, defendió en 24 Horas el juramento por la Constitución de 1979 del presidente Ollanta Humala al asumir la primera magistratura de la Nación, el letrado indicó que la Carta Magna anterior se basa en la economía al servicio del ser humano.



Fuente: www.panamericana.pe
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EL JURAMENTO DEL PRESIDENTE HUMALA Y LA “CONSTITUCIÓN” DE FUJIMORI





A raíz del discurso inaugural de la Presidencia de Ollanta Humala, el fujimorismo y muchos de quienes están en los sectores más acomodados económicamente hablando del país, han reaccionado desaforadamente cuando el Presidente manifestó que honraría los valores y principios de la Constitución de 1979, producto de una Asamblea Constituyente que se llevó a cabo en un ambiente de libertad y con la perspectiva de una auténtica democracia a la vista.

Basta leer el preámbulo de la Constitución de 1979, redactado con una belleza literaria y una puntualidad jurídica impresionante por ese gran peruano que fue Andrés Townsend Ezcurra, para darse cuenta que ningún peruano debería de eximirse de hacer lo que el nuevo mandatario se comprometía a hacer: “honrar y respetar los valores y principios” de esa Constitución.

Dicha introducción no es otra cosa que un programa máximo para el Perú. Una aspiración que debemos de tener siempre presentes quienes nacimos en esta tierra de los Incas y donde cada uno de sus habitantes debe de encontrar un lugar en la construcción y en los beneficios que ha de recibir de esta sociedad. Donde nadie debe de quedar excluido, ni de la posibilidad de participar en su estructuración, ni de los derechos que le han de asistir tanto como individuo como en tanto persona.

He creído necesario copiar ahora, en este artículo, para que lo conozcan quienes participen en el debate, este texto honrado por ese juramento, y de esta forma hacerse una idea si la grita promovida por la lideresa de la dictadura de los 90, Martha Chávez, y quien la acompañó en el despropósito, Luz Salgado, se justifican.

El preámbulo dice:

Nosotros, Representantes a la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios, y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del Perú nos ha conferido;

Creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado;

Que la familia es célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza, así como ámbito natural de la educación y la cultura;

Que el trabajo es deber y derecho de todos los hombre y representa la base del bienestar nacional;

Que la justicia es valor primario de la vida en comunidad y que el ordenamiento social se cimenta en el bien común y la solidaridad humana;

Decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía; una sociedad abierta a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo;

Decididos asimismo a fundar un Estado democrático, basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice, a través de instituciones estables y legítimas, la plena vigencia de los derechos humanos, la independencia y la unidad de la República; la dignidad creadora del trabajo; la participación de todos en el disfrute de la riqueza; la cancelación del subdesarrollo y la injusticia; el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley; y la efectiva responsabilidad de quienes ejercen función pública;

Convencidos de la necesidad de impulsar la integración de los pueblos latinoamericanos y de afirmar su independencia contra todo imperialismo;

Conscientes de la fraternidad de todos los hombres y de la necesidad de excluir la violencia como medio de procurar solución a conflictos internos e internacionales;

Animados por el propósito de mantener y consolidar la personalidad histórica de la Patria, síntesis de los valores egregios de múltiples origen que le han dado nacimiento; de defender su patrimonio cultural; y de asegurar el dominio y la preservación de sus recursos naturales; y,

Evocando las realizaciones justicieras de nuestro pasado autóctono; la fusión cultural y humana cumplida durante el virreinato; la gesta de los Libertadores de América que inició en el Perú Túpac Amaru y aquí culminaron San Martín y Bolívar; así como las sombras ilustres de Sánchez Carrión, fundador de la República y de todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales, y el largo combate del pueblo por alcanzar un régimen de libertad y justicia.

Como se puede apreciar claramente cada frase está llena de un contenido teleológico o finalista. Es una aspiración en sí de nuestro pueblo. Por ejemplo, la declaración de la superioridad de la persona sobre el estado, que ahuyenta precisamente el peligro de los totalitarismos y las dictaduras desde su propio enunciado. A ello se suma el reconocimiento que los derechos de esa persona son reconocidos y no otorgados por el Estado, por lo que no puede arrebatárselos en ninguna circunstancia. ¿Hay algo más lejos del chavismo venezolano, al que tanto dicen temer pero al que le sirvieron de ejemplo los propios fujimoristas, que eso?

¿No es correcto aspirar a la promoción de la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía? Nada hay más en las antípodas de un estatismo marxista que esta afirmación, como, también hay que decirlo, nada está más lejos del neoliberalismo y el absolutismo individualista que este enunciado, con lo que el país se pone en el mero centro, alejado de ambos perniciosos extremos.

¿No es correcto aspirar a que el Perú se constituya en una sociedad abierta (lejos de los aislacionismos chauvinistas) apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo?

¿Es justo de que se grite hasta desgañitarse y en presencia de presidentes de otras naciones, contra la decisión de fundar un estado democrático basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice instituciones estables y legítimas? Obviamente que para cualquier demócrata esto sería inexplicable, pero es claro que no lo es para quienes, como los fujimoristas, destrozaron el Estado de Derecho en el Perú y se rieron de su democracia, de sus habitantes y de sus instituciones.

¿Es indebido honrar el espíritu de una Carta que somete a los gobernantes a la Constitución y a la ley y pretende la efectiva responsabilidad de quienes ejercen función pública? Entiendo que para los fujimoristas lo sea. No hay que olvidar que tienen a más de 80 de sus cuadros, entre civiles y militares presos y condenados por corrupción y violación de derechos humanos, fuera de todos los demás que se escaparon. Tampoco hay que olvidar que su líder real, el ex dictador, se ha autoinculpado de corrupción y de delitos de interceptación telefónica en agravio de personas inermes.

¿Hay que denigrar de la necesidad de excluir la violencia como medio de procurar solución a conflictos internos e internacionales?

Pues bien, todos estos tópicos y los que se leen en el Preámbulo glosado no merecen sino adhesión.

Frente a esta declaración de principios y valores está el texto del preámbulo chato y ramplón del documento que perpetró Fujimori en 1993 con ayuda de sus compinches y de un referéndum tramposo. Allí se dice textualmente:


“El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria”

Eso es todo. Vale decir, nada como alma, nada como espíritu, nada como proyecto nacional. Sólo como se verá en el articulado de ese documento, el acrecentamiento del poder del jefe del Ejecutivo, el achicamiento del parlamento, la liberación de los controles y, luego incluso, en la práctica, el desconocimiento de ese articulado que ellos mismos habían promulgado. En realidad allí sólo se ratifica la angurria con que se procedió por parte de la gavilla que se hizo del poder en 1992 y que lo exprimió hasta los extremos del enriquecimiento ilícito más inmundo.

Frente a esto, ¿hay alguna lógica para alarmarse o para rechazar la invocación presidencial de proponerle este norte al Perú?

Usted juzgará y le ruego expresar con sus amigos, sus conocidos, en los medios electrónicos o públicamente, de acuerdo a su vocación, los resultados de su análisis.
Alberto Borea Odria
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