“¿LEY MORDAZA?”. Respuesta a los critican el cambio de la ley sobre las interceptaciones y difusión de las comunicaciones privadas

Con todo el poder que la prensa ostenta en este siglo XXI, se ha motejado al proyecto presentado por Javier Bedoya penalizando la conducta de quienes difunden el contenido de las comunicaciones privadas, como “la ley mordaza”.

Nadie tiene derecho a invadir la esfera de privacidad de las personas. Este es un ámbito reservado en las comunidades para que se produzca el desarrollo personal, para que el ser humano se explaye con total libertad y sin temor, incluso, a las convenciones sociales o a que las normas de conducta o urbanidad sean traspasadas. Opinan sin tapujos y sin límites lo que piensan acerca de otras personas o de determinadas situaciones, hablan en hipótesis o con ánimo lúdico, dan curso a sus entusiasmos o manifiestan sus depresiones. En suma, si como decían los antiguos ingleses respecto a lo que se vivía al interior de las cuatro paredes de su morada de que “My home is my castle”, con lo cual se dejaba afuera al rey y a las autoridades sin poder invadir ese recinto, hoy se puede señalar lo mismo con respecto a las comunicaciones “My telephone is my heart” .

Si permitimos que ello suceda se dará pie a la maldición que denuncia Norberto Bobbio con relación a las sociedades modernas, donde no es ya la persona la que controla al poder, sino el poder el que controla al individuo.

En la democracia nadie puede sentirse al margen del respeto que debe a los derechos constitucionales de los demás. Tampoco la prensa. No porque en algunas y recalco, algunas, oportunidades ha actuado conforme a los objetivos de la democracia y ajena a toda pretensión de favorecimiento singular, podemos decir que ese ha sido el patrón. En muchos, también recalco, bastantes casos, ese poder ha sido utilizado para hostigar a los adversarios no sólo políticos, sino de grupos económicos diferentes a aquellos que tienen el control de los medios.

Los delitos de interferencia que de por sí son graves, se convierten en inmensamente más crueles para la víctima cuando lo conversado en ese espacio propio se difunde y se autoriza per se cada comentarista o cada lector o televidente al que se hace llegar la materia del delito (la propia interfenrencia) a especular sobre lo que se dijo en diálogo privado y a hacer expresiones de valor a partir de eso. 

Por ello es que resulta acertado que se penalice a quienes proceden sin respeto a las formas constitucionales, donde queda claro que es el Juez el encargado de decidir si se autoriza o no la interferencia y cuáles de esas conversaciones agrega al sumario. Los periodistas no pueden pretender ni que les pongamos corona ni en convertirse en jueces de su propia causa.

Ya el dictamen ha amenguado los efectos del proyecto original. Esperamos que quienes tienen que decidir no vuelvan a flaquear por la tinta que se vierte en los periódicos o los espacios que se repiten en los medios de comunicación.

Alberto Borea Odria

Imagen: edicion online de Peru21

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DIRIGENTES QUE NO DIRIGEN PORQUE NO LEEN

Otro de los problemas de la política peruana es el constante zarandeo y la obsesión por las naderías. No importa si ayer se dijo que frente a un tema la respuesta adecuada es esta y mañana, sin ninguna explicación razonable se conduce ese personaje por otra vertiente desdiciéndose de lo que acababa de afirmar pocas horas antes y proponiendo hasta una solución contrapuesta. Eso produce una constante desilusión en la sociedad. Si pidió que votaran por él por los motivos que expuso en su campaña y luego desde el cargo público al que accedió se desdice de esa promesa sin argumentos convincentes, se desgasta la credibilidad de lo público.

            El daño que Alan García hizo al país con su promesa incumplida respecto al retorno, con reformas de la Constitución de 1979, sólo sería más grave si el actual Presidente también dejara de cumplir con su palabra o pusiera escollos a la tarea que los ciudadanos llevan a cabo para suplir aquello que sus parlamentarios todavía no se atreven a hacer.

            Pero ese zarandeo se debe, entre otras cosas, a que quienes están en la actividad política no leen. No estudian. No conocen las diversas respuestas que en las sociedades se le ha dado a esos problemas que posiblemente no sea en nuestro país donde por primera vez se presenten.

            La lectura en política ayuda a abrir horizontes, desarrolla la imaginación porque quien lee preguntándole al libro siempre se pone un paso más allá de aquello que se le está diciendo en el texto. Vale decir, la buena idea se convierte en semilla en el cerebro receptor y al confrontarse con la realidad de quien la está leyendo, produce nuevos frutos. Da especiales respuestas.

            Sería interesante conocer cuántos libros han leído los dirigentes partidarios. No hojas de propaganda, ni folletos de difusión, que es necesario revisar en una etapa inicial de la participación política.

            Un partido político debe de exigir a sus dirigentes que lean, que se curtan en las ideas que dicen promover. Sería muy conveniente que los partidos premiasen, con un voto calificado en sus elecciones internas, o abriera el paso para representar al partido en la sociedad, sólo a aquellos que se han dado el trabajo de adentrarse en el pensamiento común y que por lo mismo van a saber qué decir coherentemente en su constante comparecencia frente al público.

            De esta forma se evitará lo que los italianos, en su crisis política llamaron “el cualquierismo”, que no es otra cosa que la pretensión de quien no tiene ni vocación, ni formación, ni oficio en la tarea pública, de postularse como conductores de una nación que de verdad apenas conocen y que no pueden compararla con nada porque sus horizontes no han sido ilustrados ni por una letra.

            De ese mal padecemos mucho ahora en el Perú. Encontrémosle una cura.

Alberto Borea Odria

Imagen de internet

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DIRIGENTES QUE NO DIRIGEN. Una reflexión de la falta de labor de los partidos políticos en el Peru

 El corto circuito que continúa produciéndose en el país entre quienes ocupan las posiciones de poder y el pueblo mismo, se agrava porque los dirigentes de los partidos van poquísimas veces, en realidad casi nunca o nunca, a las provincias o a los distritos para dialogar con los miembros de su partido y para informar en general al pueblo de lo que se realiza desde las altas esferas del poder del país o de la región, ni tampoco para explicar lo que piensa cada partido con relación a los temas que importan a la población. Menos todavía, a formar cuadros o a promover conversatorios en los cuales se pueda recoger inquietudes y canalizar las aspiraciones de los peruanos. En suma, ni forman, ni expresan la voluntad popular.

Casi ningún partido tiene locales abiertos en las capitales de provincia en el Perú, y en esa carencia también está incluida el Apra. En algunos casos quedan todavía, en las puertas de algunos inmuebles cuyas puertas están invariablemente cerradas, cartelones de lo que fueron los comandos de campaña para las elecciones, pero no están abiertos ni como lugares de debate ni de intercambio de información. Pasó el proceso y terminó la inquietud.

Los dirigentes partidarios trabajan poco. Estos forman parte de Comités Ejecutivos Nacionales y, por lo general, no visitan los departamentos ni una sola vez en todo el término en que se mantienen en el cargo. Lo mismo pasa en relación de los dirigentes regionales con relación a las provincias y con los provinciales respecto a los distritos. En el mejor de los casos se reúnen en su nivel de vez en cuando para emitir alguna opinión basada simplemente en su pensamiento o en lo que leen en los periódicos.

Para cambiar debería de obligarse estatutariamente a que los dirigentes nacionales viajaran por lo menos una vez al mes a una región y, además de su capital visitaran dos provincias distintas cada vez, y que los dirigentes regionales lo hicieran a la capital de cada provincia y a dos de los distritos en cada oportunidad. Además, esos viajes deben de hacerse con agenda en donde se dé espacio para que se promueva el debate y para que los mismos dirigentes puedan ir viendo a los jóvenes que tienen condiciones.

La falta de cumplimiento de esta obligación para con la democracia en general, debe sancionarse con la pérdida del cargo partidario si es que se repite en tres oportunidades en el año. Este es un rasero objetivo. Cada uno verá si su visita es fructífera o no, pero la presencia de dirigentes nacionales, regionales y provinciales en las 194 provincias del país va a ayudar, sin duda, a una política mucho más estructurada y le quitará la ilusión a los comodones que creen que basta declarar desde Lima para que hayan cumplido con su función dirigencial. Así empezaremos a reconstruir en serio los partidos.    

Alberto Borea Odria

Imagen tomada de internet

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LA IMPRESCRIPTIBILIDAD: A propósito del debate sobre los delitos en el ejercicio de la función publica

Mucho se ha venido hablando del tema de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante el ejercicio de la función pública. Eso quiere decir que una persona que estuvo sirviendo al Estado desde cualquier posición no puede aspirar a la tranquilidad en ningún momento de su existencia porque, aunque hubieren pasado treinta años desde que dejó el cargo, a alguien, en el año 31, puede antojársele formularle una denuncia y someterlo a un proceso judicial sobre hechos totalmente pretéritos, con pruebas casi imposibles y con una realidad totalmente diferente.

            Se cree que con eso se es más eficaz en la lucha contra la corrupción y no se piensa que para este mal existen otros remedios que sí son adecuados, mientras que con esta propuesta se deja siempre abierta la posibilidad de venganza o de la malsana costumbre de inutilizar al adversario político inventándole una tara.

            Una de las características de la acción penal es que debe ser oportuna. La persona a la que se acusa debe de tener la posibilidad de defenderse adecuadamente, teniendo a la mano las pruebas y hasta los recuerdos frescos de lo que ha sucedido en el tiempo en que se le acusa de haber cometido un crimen.

            Por ello es que el Código Penal fija como término de la prescripción que corresponde al extremo más severo de la pena. Un delito de difamación no podrá prescribir en un tiempo mayor que el que corresponde a un delito de homicidio. Cada delito tiene su gravedad y por ello es que se fijan las penas de distinta manera. Perdonar un insulto es bastante más sencillo que perdonar la comisión de un asesinato.

            Con la propuesta hecha por los “moralizadores”, aunque el delito contra el Estado hubiere sido mínimo, la pena sería imprescriptible. Vale decir, el que malversó fondos para paliar una catástrofe porque en ese momento no había de donde sacar dinero para ayudar a las víctimas y ese traslado de recursos no fue luego formalmente convalidado, aunque hubiere sido socialmente aceptado, tendrá que esperar hasta su muerte por si alguien que resulte su adversario ocasional por una elección llevada muchos años después del suceso quiere usar ese hecho como arma electoral. Peor todavía si el delito no se cometió. Bastaría que un fiscal de esos que buscan notoriedad, removiera el asunto aunque ese funcionario no hubiera cometido ningún acto ilícito por leve que fuera, pero igual se le podría procesar. Esto es injusto. Con esto se aleja aún más a la gente decente del servicio público.

            Se puede sí señalar que el término prescriptorio no ha de correr (porque no empiece o porque se suspenda) mientras que el funcionario se halle en el poder o mientras el partido que lo eligió gobierne, de esta forma se cerraría también la posibilidad de impunidad que se da en las largas dictaduras, pero no clausurar la figura de la prescripción. Esto me parece demagógico y desequilibrado.   

Alberto Borea Odria

Ilustracion: Internet

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