PINOCHET Y FUJIMORI: LAS COSAS POR SU NOMBRE

Un interesante debate se abrió en Chile con referencia a cómo debe ser tratado el dictador Pinochet y su régimen por la historia de su país. Sus adláteres quisieron sorprender y pasar sus años con el nombre de “el régimen”, como si se tratara de cualquier gobierno. Lo mismo sucede en el Perú con Fujimori, a quienes hasta hoy sus conmilitones y bastantes periodistas de poco carácter siguen llamando como “ex presidente” y dejando de distinguir entre la dictadura que él dirigió y un gobierno democrático.

            Hay que recordar lo que señala el profesor Angel Rivero quien dice que: “…política y lenguaje, dice, están en profunda relación. De hecho, la congruencia de nuestro lenguaje político con la descripción de nuestras instituciones proporciona legitimidad, el combustible necesario para el funcionamiento del sistema político…”

            Ese combustible fue el que le dieron a Fujimori y a Montesinos quienes tenían rubor de llamar dictadura a la dictadura y golpe de Estado al zarpazo que perpetró en abril de 1992. Ese combustible es el que pretenden que hoy los siga haciendo caminar los pinochetistas en Chile.

            Y Giovanni Sartori dice: “… el denominar a una cosa de cierto modo es lo mismo que sugerir como interpretar esa cosa. Las palabras no son sólo anteojeras que nos conduzcan a ver esto y no lo otro … las palabras conforman también el pensamiento”.

            Otra vez, quienes le dicen presidente a Fujimori y régimen a su dictadura, están pretendiendo decirnos que esa etapa corrupta y cruel en nuestra historia da lo mismo que un gobierno democrático y de gente honesta. Como quienes quieren que “régimen” en Chile sea igual para los gobernantes que mataron a miles y torturaron a muchos más, que los gobiernos de presidentes que respetaron los derechos y garantías de sus paisanos.

            Sartori sigue: “El ciudadano normal sabe sobre su comunidad política lo que las palabras le dicen. Si se denomina “democracia” a una comunidad política determinada, el ciudadano cree, y en realidad está justificado que así lo crea, lo que la palabra expresa”.

            Este es el inmenso daño que le hicieron durante esa década todos esos periodistas que no quisieron o no se atrevieron a llamar a las cosas por su nombre. Hasta hoy siguen con el eufemismo o el embuste.

            Sigue Sartori: “La guerra de las palabras afecta a sus propiedades emocionales. Su regla básica es conquistar las “palabras buenas” y descargar las “malas” en el campo enemigo…La guerra de las palabras es una realidad; y si nos negamos a afrontarla, lo que en realidad hacemos es permitir que la gane el guerrero de las palabras, el manipulador de los términos”.

            En Chile ganó la razón democrática, ¿No va a pasar lo mismo en el Perú? Lo de Fujimori no es una constitución y su régimen fue una dictadura. Así, sin ambages, digámosle a partir de ahora pan al pan y vino al vino.

Alberto Borea Odria

Foto tomada de internet 

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Alberto Borea: "Fujimori está donde debe estar". VEA EL VIDEO DE LA ENTREVISTA CON BETO ORTIZ

Alberto Borea analizó el posible indulto a Alberto Fujimori y sostuvo que el  presidente debe actuar con criterio de justicia y analizar otros casos similares. “El simple hecho de discutir el tema del indulto me hace pensar si es algo justo o no". 


Aseguró que el fujimorismo busca victimizar al ex presidente. “Yo me pregunto si Fujimori tuvo la misma compasión que hoy quiere que sientan por él”.  


Dijo, además, no existe un propósito de enmienda por parte de los fujimorista y del mismo Fujimori. “Yo no creo que el presidente Humala indulte a Fujimori”. 


Borea puso en duda el 66% de peruanos que están a favor del indulto según una reciente encuesta.  “Si el presidente decidiera indultar a Fujimori creo que estaría cometiendo un profundo error”.


Finalmente Borea aseguró que este es un tema político.

Fuente: Frecuencia Latina http://frecuencialatina.com/abrelosojos/208

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¿PROCEDE EL INDULTO A FUJIMORI?

Capeado ya el temporal que generaron los conmilitones de Alberto Fujimori aprovechando el sentimiento de compasión que se genera en la Navidad, es bueno hacer algunas precisiones respecto a la procedencia de esta figura en el caso del ex dictador.

            En primer lugar, el indulto es una atribución del Presidente y no un derecho de ninguna persona, aunque la misma se encuentre en la etapa más terminal de una enfermedad, lo que, por cierto, no es ni de lejos su caso, como lo han señalado los expertos.

            Segundo, si bien es una atribución del Presidente y puede legalmente otorgarla a quien a él le parezca, aunque no tuviera ninguna enfermedad ni pesar, una cosa diferente es la legitimidad de la figura que se analiza en cada caso. El origen de la figura se asentó en las prerrogativas de los gobernantes absolutos y pasó de alguna manera a los gobernantes democráticos, sin embargo, en este tránsito, como lo señala Linares Quintana, más que la legalidad ha de pararse en el criterio de legitimidad, vale decir, si la medida puede ser estimada como buena o como justa dados los antecedentes del caso, su comparación con otros casos similares y el respeto por el principio de igualdad que es, precisamente aquel sobre el que se sustentan las democracias.

            Revisado esto ha de señalarse que la concesión de ese indulto incurriría, a mi criterio en serias causales de ilegitimidad.

            En tercer lugar ha de señalarse que si el indulto sirve para reparar alguna injusticia cometida en contra del condenado, esa razón es inexistente por cuanto el juicio que se le siguió fue apreciado como bueno y reconocido por su corrección tanto en el Perú como en el extranjero. No hay entonces desde esta perspectiva nada que reparar. Esto no sería hacer más justicia, sino destruir la justicia.

            En cuarto lugar hay que preguntarse si quien pide compasión para él la tuvo con todas las personas a las que segó su vida en años jóvenes, sin proceso. Es claro que no pensó ni en ellos ni en el dolor que les causaba con ese proceder a sus familiares o a los huérfanos que dejaba.

            En quinto término, si se alega que está enfermo y está deprimido, ¿cuántos enfermos más graves y con menos atenciones existen en los penales, que son además personas que delinquieron sin la ventaja que da el poder y que cometieron menos delitos y de menor gravedad que los que perpetró aquel para quien hoy se pide el indulto?

            En todo caso, su posición en donde está recluido ya es de por sí un privilegio frente a todos los demás peruanos que por menos pagan más, que están hacinados y que no “pueden pintar” en el lugar donde purgan su condena.

            En suma, ninguna razón para el indulto.

Alberto Borea Odria

Fotos: Internet

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MANDAMIENTO CÍVICO: NO OLVIDAR

Recuperada la democracia luego de haber sido sostenida por más de un lustro con tenacidad ejemplar por el Foro Democrático y cuyos últimos pero decisivos y definitorios actos fueron el de la marcha de los Cuatro Suyos liderada por Alejandro Toledo y el esfuerzo hecho por Fernando Olivera para mostrar al mundo la porquería del gobierno fujimontesinista que la OEA había avalado a pesar del esfuerzo de Eduardo Stein, apenas 60 días antes, parece que nos quisimos olvidar como nación de lo que fue el grito precursor para la pronta recuperación del sistema de libertades: la gesta del 13 de noviembre de 1992, donde un grupo de esforzados y conscientes militares constitucionalistas, como lo fue Miguel Grau en el siglo XIX, se reunieron para cumplir con la tarea que la Constitución de 1979 le encargó a todos los peruanos: devolver a la nación a la democracia si alguien, como pasó con Fujimori y su gavilla, osaba arrebatársela.

Muchos callan porque quieren que se olvide, porque no les conviene que se les recuerde la manera timorata o complaciente como se portaron durante todos esos años en que se envileció a la nación con embustes y apariencias y donde se hicieron notar los silencios de quienes se hicieron de la vista gorda.

Han pasado de ello 19 años y todavía, pese a la sucesión de gobiernos democráticos no se ha terminado de reparar el daño que les causó la dictadura y de reconocer con hechos el patriotismo con que se condujeron sus protagonistas.

Como ciudadano peruano insto a nuestro Presidente, quien tuvo un acto parecido 8 años después de aquel, a que de una vez por todas concluya este capítulo. Me parece profundamente injusto que quienes no se atrevieron a defender el Estado de Derecho y las libertades y fueron ascendiendo en el escalafón militar manteniéndose a la sombra y sin protestar, aceptando los puestos incluso de subordinación directa a los Hermoza Ríos y Saucedos o Villanueva Ruestas, hayan pasado en cuanto a sus posiciones a quienes debieron de ser considerado primeros por servicios distinguidísimos al país, por el coraje demostrado y porque se atrevieron a mostrar un Ejército que por encima de personas cree en instituciones, y dentro de ellas, la democracia.

Se dieron leyes parciales que se cumplieron a regañadientes. La reparación para esos oficiales tiene que ser la de considerarlos ascendidos primero directamente en el momento de los sucesos por acción distinguida y luego, ascendidos automáticamente en cada oportunidad que les correspondió ascender, que mucho más vale en los militares los gestos de coraje y valor que saberse de memoria los manuales o repetir los procedimientos de formación.

Además, deberá el Estado terminar de reintegrarles todos esos derechos que la dictadura les arrebató. Los del 13 de noviembre, desde los capitanes que participaron y de allí para arriba, en todas sus jerarquías son mucho más generales que cualquiera. 

Alberto Borea Odria

Fotografia: Caretas

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REFORMA CONSTITUCIONAL: TOMANDO LA INICIATIVA

A un grupo de peruanos que hemos luchado intensamente contra las dictaduras nos parece preciso para el país que no vuelva a estancarse el propósito de reforma constitucional que insinuó el Presidente Humala en su discurso inaugural.

            Han pasado dos meses desde esa declaración y al no haber tomado la iniciativa los parlamentarios ni el Poder Ejecutivo, es necesario que se impulse el tema desde la sociedad civil, aquella que nunca cejó en su lucha por devolver al Perú al estado de dignidad constitucional.

            Hay quienes creen que es asunto de menor cuantía o una lindeza de la que hay que correr, el hecho que el Perú sea gobernado según lo que quiso una dictadura. Eso no es verdad. Incluso si Keiko Fujimori señaló en la campaña que se arrepentía del golpe de Estado que se perpetró en 1992, no puede menos que revisarse el fruto directo de ese acto que provoca el pedido de perdón: la denominada constitución de 1993.

            La propuesta apunta a que sea este Congreso plural, elegido hace menos de medio año, el que debata y revise el sistema constitucional del país teniendo como base la Carta de 1979. Fija además un plazo suficiente para que este hecho se produzca. No le coloca un poder constituyente al lado de tal forma que sean los propios elegidos los que cavilen con tranquilidad y decidan sobre una Constitución donde todos puedan llevarse en armonía consolidándose el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo económico que nos ha de beneficiar a todos.

            De esta manera, todos los sectores, incluso el fujimorismo, esta vez bajo las reglas democráticas, podrán participar en este debate y el resultado será el de una norma que refleje una voluntad auténtica.

            Ello servirá de lección no sólo en el país, sino también en el hemisferio, de que una dictadura no tiene derecho a endilgarle al país su credo y a que todas las autoridades de una nación democrática, resultado de la lucha contra ese flagelo autoritario, deben de seguir a pie juntillas con sus dictados. Como señalaba Rousseau, “la fuerza es una potencia física, y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber?... Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en absoluto”.

            Esto mismo pasó con la “constitución” de 1993. Impuesta por la fuerza como barniz de una dictadura y estando ya presos los que sometieron al país, no tiene el Perú ninguna obligación de obedecer lo que quiso el autócrata.      

            Vayamos hacia las nuevas reglas que se ha de dar la democracia. Para ello, apoyemos la iniciativa popular de reforma constitucional firmando los planillones.

Alberto Borea Odria

Imagen tomada de internet

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La reforma constitucional y las lecturas sesgadas

Tal es el pánico que produce en los sahumadores de la “constitución” de 1993, la posibilidad del debate en serio esta vez, acerca de su legitimidad que pretenden decir que la encuesta que encargaron con preguntas oblicuas, confina a sólo un 11% el reclamo por el retorno a la dignidad extraviada que se presenta cuando un pueblo decide obedecer la legislación impuesta por una gavilla de delincuentes (asesinos, peculadores, violadores de los derechos a la intimidad personal, etc.) en donde no decidieron otra cosa que acrecer su poder, desentenderse de los límites a su ejercicio, romper cualquier concepto de pluralidad y congelar un modelo económico como más santo que la Biblia. Vale decir, donde se da la contra a todo aquello que la doctrina considera elemental para que se alcance la categoría de Constitución.

La encuesta en mención señala cuatro categorías y en tres de ellas se deja en claro que el país no está conforme con la situación tal como está en materia de carta magna. Sin embargo, su conclusión es otra. Dicen que no tiene sustento el debate constitucional porque sólo 12% respalda en su integridad el retorno a la Carta de 1979.

Ello significa crearse una realidad que no existe para combatirla y darse por vencedores de una batalla que nunca se ha presentado. Entre quienes aspiramos en el mundo del Derecho y la Academia al retorno a la legitimidad constitucional no hay quien piense que la Carta de 1979 tiene que ponerse en vigor sin modificaciones dictadas por las nuevas realidades que tenemos que vivir y sin normas transitorias que eviten que se genere una situación de desorden jurídico por lo sucedido en los 18 años que corren desde que nos endilgaron por la vía del fraude un texto cuyo primer y principal objetivo fue adormecer a la población acerca de la ausencia de un estado de Derecho.

Por eso, la conclusión a la que arriban es falaz. Esa encuesta debe de leerse en otra forma. Sólo 22% de peruanos está de acuerdo con lo que ahora tenemos, por lo que 78% piensa que debe de abordarse la reforma de las normas constitucionales del Perú. El 20% piensa que debe de cambiarse por una nueva. 12% piensa que el documento de base para ese trabajo debe ser la Constitución de 1979 y 39 % la “constitución” de 1993. 7%, finalmente, no opina. O sea que, descontado el 7% de abstención y recalculado el total tenemos que el 76.34% piensa que debe darse un debate constitucional.

Sin embargo, los entusiastas del texto Fujimorista presentan el resultado como si estuviera desahuciada la idea de la reforma, cuando está más viva que nunca. Que el resultado termine siendo uno u otro no implica que no deba de producirse la discusión. La “constitución” de 1993 tal como está tiene el tiempo contado y paso a paso, con la determinación del país, se abrirá nuevamente el debate que el nudo interés quiso y quiere cerrar.

Alberto Borea Odria

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LAS CONSECUENCIAS DEL GOLPE DE FUJIMORI Y LAS MISERIAS QUE DESNUDÓ EN LA SOCIEDAD PERUANA

Han pasado 19 años del golpe que perpetró Alberto Fujimori y prácticamente los mismos secuaces que hoy están en la campaña de la candidata que por fin, en el debate del domingo, se sacó la careta y nos dijo a todos los peruanos que era la misma cosa que su padre.

En realidad, esa expresión como que era sobreabundante. No podía despegarse de las lacras en las que participó como primera dama luego de haber arrimado a su madre o consentido que ese hecho se produzca. Ya la señora en ese momento era grandecita. Con nosotros estaba una legión de jóvenes de su misma o menos edad que salieron a las calles para defender las libertades que la hoy candidata a la presidencia no se daba cuenta le eran arrebatadas al Perú.

LOS MALES DEL PERU PUDIERON RESOLVERSE EN DEMOCRACIA

Fujimori trata de justificar su golpe en una situación de excepcionalidad. Hay que recordarle que se alió con García precisamente para evitar que esa persona, que tanto daño le hizo al país en su primer gobierno, pudiera ser procesada por diversos actos de corrupción de los que se le acusó. Hay que decirles que el terrorismo fue derrotado en España y en Italia, así como en la Venezuela democrática de Betancur, sin tener que recurrir a la quiebra de la institucionalidad y a la cancelación de las libertades.

Hay que recordarle que el Senado de la época le dio una gran batería de normas para que pudiera, dentro del Estado de Derecho, combatir al terrorismo. El dictador, sin embargo, prefirió liberarse de todo control y proceder a su libre arbitrio cancelando todos los poderes del estado elegidos por los peruanos en elecciones libres.

Ese golpe fue más pretexto para tapar el escándalo que se promovió sobre la desaparición de la ropa donada por el Japón donde se acusó, por parte de la propia esposa del entonces sí Presidente Fujimori, del aprovechamiento innoble y con espíritu totalmente personalista que apuntaba a la familia del golpista.

LOS DAÑOS QUE HASTA HOY PERDURAN DE ESA DICTADURA

Esa libertad de acción, esa falta de supervisión hizo posible que destrozara los derechos laborales de los trabajadores, que aniquilara a los sindicatos, que encarcelara bajo la acusación de terroristas a los dirigentes vecinales o gremiales que osaban hacer reclamos justos de mejoras para sus pueblos. Esa falta de control, porque los congresos que se constituyeron desde el golpe hasta el año 2001 no fueron sino mascaradas de Poder Legislativo, dio paso a la más grande corrupción que se haya escenificado en nuestro país. Baste con recordarle hoy a los jóvenes que las empresas públicas del Estado fueron rematadas a los privados en 10,000’000,000 (diez mil millones) de dólares y que cuando se fugó el papá de la candidata al Japón y Montesinos a Venezuela, no se encontró ni uno de esos dólares en la caja fiscal. Se lo habían levantado todo: el santo y la limosna.

Hay que recordar también a los más muchachos y a aquellos que prefieren hacerse los amnésicos, que envileció al Perú y a sus instituciones, comprando conciencias, como aparece en los registros grabados que Montesinos, con la complicidad de Fujimori, levantó en el SIN. En las instalaciones donde vivió la hoy candidata a la Presidencia de la república y donde compartían diálogos y mimos con su tío Vladimiro, del que hoy quiere dar la apariencia de sacudirse.

Hay que recordarle que destrozó la libertad de prensa, no sólo porque canceló el Canal 2 de Lima y el 13 de Puno, y persiguió a innumerables periodistas radiales de provincias, sino porque a una gran cantidad de ellos los alquiló como atestigua el caso de los Crousillat o de Schutz con su “canalazo”, pagándoles millones que debieron destinarse para aliviar la pobreza de los peruanos, para hacer obras de infraestructura, para lograr el desarrollo del país.

Hay que decirles también que envileció a las fuerzas armadas, a las que sometió a un juramento indigno y a un trato humillante. Que pasó al retiro a cuanto oficial digno osaba distanciarse o poner reparos a su política de control político de una institución que debe ser apartidaría. Se premió a quienes han confesado haberse robado el dinero que se les dio para comprar armas en el conflicto que sostuvimos con el Ecuador.

Hay que decirle a los peruanos que se burló de las madres más pobres ordenando la ligadura de las trompas de las mujeres que inocentes de lo que les podía pasar concurrían a las postas médicas a tratarse de cualquier mal.

El daño que se le hizo al país no sólo fue material, sino también ético. También institucional. Se acabó con los partidos se silenció durante casi dos lustros a quienes de verdad hacían oposición. Se minimizaron los gremios profesionales, se acabó con las organizaciones intermedias.

LA TIBIEZA QUE HIZO POSIBLE QUE EL GOLPE SE CONSOLIDARA

Pero todo eso fue posible porque muchos de los peruanos prefirieron la tranquilidad de la complicidad y no las estrecheces de la oposición al todopoderoso dictador. Porque a excepción del diario la República y la revista Caretas y los espacios en los que podía laborar César Hildebrandt y la Cecilia Valenzuela de entonces, quienes sí se enfrentaron al sátrapa en los años más aciagos de la dictadura, los demás lo trataban como “Presidente”, escondían sus latrocinios no investigaban nada de lo que hoy inquieren con uan severidad inusitada en el caso de los gobernantes de la democracia.

Si bien la inmensa mayoría de la intelectualidad peruana marcó distancia de la vergüenza de acompañar al dictador, como sí pasó en anteriores dictaduras en nuestro propio país, hubo profesores de Derecho Constitucional que aceptaron darle el rango de Constitución al mamotreto que armó para convalidar su pretensión de perpetuarse en el poder y de liberarse de los controles entre órganos que son la esencia de la democracia. Claro, el pragmatismo avalorativo entendió que derecho era cualquier cosa que se promulgaba desde el poder, tal cual lo pregonaban algunos escritores decisionistas en la época de Hitler.

LOS QUE SE ATREVIERON A COMBATIR LA DICTADURA

Hubo, por cierto, casos que la prensa, que está en gran parte en manos de los mismos operadores que callaban o no se daban cuenta de lo que pasaba en esa década de latrocinios, callaron o minimizaron. La gesta por el referéndum, el Foro Democrático, la creación del diario Liberación, la aparición de los colectivos como “manos limpias”, salvaron el honor cívico de la misma forma que Andrés Cáceres salvó el honor militar de la nación en los aciagos días de la guerra del Pacífico. También allí tenemos una deuda pendiente, con quienes se pusieron al frente de estos movimientos y se engarzaron sin descanso en esa lucha y se empeñaron en la noble tarea de impedir que se cerrara el círculo del conformismo. Quiero citar algunos nombres de jóvenes de entonces a quienes falta salir todavía a una visibilidad más marcada como Antonio Flores, Joel Del Águila, David Torres, Melquiades Monzón, el organizador del Foro Universitario, los hermanos Urbiola, Patty Shima, Tania Diaz, Coco Murillo, Robert Ormaechea, Toño Bazán y así, multitud de muchachos de todos los rincones del Perú que no se arredraron frente a las amenazas que padecieron.

En la foto: Antonio Flores, Carolina Jara, Melquiadez Monzon, Frank Villarroel y David Torres, integrantes del Foro Universitario

La Constitución de 1979 exigía a los peruanos luchar por la reinstauración democrática. Hoy seguimos en deuda con los constitucionalistas que se alzaron el 13 de noviembre de 1992 para despojar a Fujimori de ese poder que adquirió por el imperio de las armas y con el caparazón de su desvergüenza. No es aceptable que a los militares que se jugaron por sus paisanos obedeciendo los dictados de la Ley Magna no se les haya resarcido debidamente. En eso tienen responsabilidad los tres gobiernos que han seguido a la fuga de Fujimori al Japón. En ellos se trató de hacer gestos, pero no se llegó nunca a una reparación real. Hay una deuda por saldar. El Perú no puede olvidar a quienes se atrevieron a hacer lo que la decencia manda.

Nos está costando mucho recuperarnos. Todavía no cierra esa herida en el Perú. Lo que pasó fue injustificable. Tenemos que fortalecer la conciencia democrática del país para que no vuelva a presentarse siquiera esa tentación. La mejor manera será rechazar la pretensión de llegar nuevamente al poder por el camino de la democracia a la que traicionaron.

Los peruanos debemos recordar y no pasar por aguas tibias las inmensas violaciones a todo tipo de derechos que en ese entonces se perpetraron. Sin embargo, no hemos escuchado en este debate electoral que los periodistas le pregunten a la primera dama de la dictadura por los ataques que se hizo al Perú desde su gobierno. ¿Merecemos de verdad tener esa prensa tan melindrosa?

Los jóvenes universitarios, porque tienen el deber de estudiar tienen la responsabilidad de darle al Perú la memoria que los empresarios que se llenaron de dinero en esa época quieren desaparecer.

EL CÁNCER Y EL SIDA JUNTOS

Mario Vargas Llosa ha dicho que el Perú puede debatirse en las elecciones del 10 de abril entre el cáncer y el sida, refiriéndose a Humala y a Fujimori. Yo discrepo de él. Creo que el cáncer y el sida están encarnados en quienes nunca dieron cuenta al país de todo lo que robaron, de cómo estudiaron en el extranjero sin fondos de respaldo que acrediten que no fue con el dinero público que manejaban como si fuera de su propio fondo.

Quiera Dios que tengamos la fortaleza para no soportar nuevamente en nuestra historia un agravio como el que se nos causó y menos, para tener la debilidad de elegir a quienes hicieron todo ese daño.

Alberto Borea Odria

Fotos: Internet

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