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miércoles, 14 de diciembre de 2011

DIRIGENTES QUE NO DIRIGEN PORQUE NO LEEN



Otro de los problemas de la política peruana es el constante zarandeo y la obsesión por las naderías. No importa si ayer se dijo que frente a un tema la respuesta adecuada es esta y mañana, sin ninguna explicación razonable se conduce ese personaje por otra vertiente desdiciéndose de lo que acababa de afirmar pocas horas antes y proponiendo hasta una solución contrapuesta. Eso produce una constante desilusión en la sociedad. Si pidió que votaran por él por los motivos que expuso en su campaña y luego desde el cargo público al que accedió se desdice de esa promesa sin argumentos convincentes, se desgasta la credibilidad de lo público.
            El daño que Alan García hizo al país con su promesa incumplida respecto al retorno, con reformas de la Constitución de 1979, sólo sería más grave si el actual Presidente también dejara de cumplir con su palabra o pusiera escollos a la tarea que los ciudadanos llevan a cabo para suplir aquello que sus parlamentarios todavía no se atreven a hacer.
            Pero ese zarandeo se debe, entre otras cosas, a que quienes están en la actividad política no leen. No estudian. No conocen las diversas respuestas que en las sociedades se le ha dado a esos problemas que posiblemente no sea en nuestro país donde por primera vez se presenten.
            La lectura en política ayuda a abrir horizontes, desarrolla la imaginación porque quien lee preguntándole al libro siempre se pone un paso más allá de aquello que se le está diciendo en el texto. Vale decir, la buena idea se convierte en semilla en el cerebro receptor y al confrontarse con la realidad de quien la está leyendo, produce nuevos frutos. Da especiales respuestas.
            Sería interesante conocer cuántos libros han leído los dirigentes partidarios. No hojas de propaganda, ni folletos de difusión, que es necesario revisar en una etapa inicial de la participación política.
            Un partido político debe de exigir a sus dirigentes que lean, que se curtan en las ideas que dicen promover. Sería muy conveniente que los partidos premiasen, con un voto calificado en sus elecciones internas, o abriera el paso para representar al partido en la sociedad, sólo a aquellos que se han dado el trabajo de adentrarse en el pensamiento común y que por lo mismo van a saber qué decir coherentemente en su constante comparecencia frente al público.
            De esta forma se evitará lo que los italianos, en su crisis política llamaron “el cualquierismo”, que no es otra cosa que la pretensión de quien no tiene ni vocación, ni formación, ni oficio en la tarea pública, de postularse como conductores de una nación que de verdad apenas conocen y que no pueden compararla con nada porque sus horizontes no han sido ilustrados ni por una letra.
            De ese mal padecemos mucho ahora en el Perú. Encontrémosle una cura.

Alberto Borea Odria

Imagen de internet
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viernes, 18 de noviembre de 2011

MANDAMIENTO CÍVICO: NO OLVIDAR





Recuperada la democracia luego de haber sido sostenida por más de un lustro con tenacidad ejemplar por el Foro Democrático y cuyos últimos pero decisivos y definitorios actos fueron el de la marcha de los Cuatro Suyos liderada por Alejandro Toledo y el esfuerzo hecho por Fernando Olivera para mostrar al mundo la porquería del gobierno fujimontesinista que la OEA había avalado a pesar del esfuerzo de Eduardo Stein, apenas 60 días antes, parece que nos quisimos olvidar como nación de lo que fue el grito precursor para la pronta recuperación del sistema de libertades: la gesta del 13 de noviembre de 1992, donde un grupo de esforzados y conscientes militares constitucionalistas, como lo fue Miguel Grau en el siglo XIX, se reunieron para cumplir con la tarea que la Constitución de 1979 le encargó a todos los peruanos: devolver a la nación a la democracia si alguien, como pasó con Fujimori y su gavilla, osaba arrebatársela.

Muchos callan porque quieren que se olvide, porque no les conviene que se les recuerde la manera timorata o complaciente como se portaron durante todos esos años en que se envileció a la nación con embustes y apariencias y donde se hicieron notar los silencios de quienes se hicieron de la vista gorda.

Han pasado de ello 19 años y todavía, pese a la sucesión de gobiernos democráticos no se ha terminado de reparar el daño que les causó la dictadura y de reconocer con hechos el patriotismo con que se condujeron sus protagonistas.

Como ciudadano peruano insto a nuestro Presidente, quien tuvo un acto parecido 8 años después de aquel, a que de una vez por todas concluya este capítulo. Me parece profundamente injusto que quienes no se atrevieron a defender el Estado de Derecho y las libertades y fueron ascendiendo en el escalafón militar manteniéndose a la sombra y sin protestar, aceptando los puestos incluso de subordinación directa a los Hermoza Ríos y Saucedos o Villanueva Ruestas, hayan pasado en cuanto a sus posiciones a quienes debieron de ser considerado primeros por servicios distinguidísimos al país, por el coraje demostrado y porque se atrevieron a mostrar un Ejército que por encima de personas cree en instituciones, y dentro de ellas, la democracia.

Se dieron leyes parciales que se cumplieron a regañadientes. La reparación para esos oficiales tiene que ser la de considerarlos ascendidos primero directamente en el momento de los sucesos por acción distinguida y luego, ascendidos automáticamente en cada oportunidad que les correspondió ascender, que mucho más vale en los militares los gestos de coraje y valor que saberse de memoria los manuales o repetir los procedimientos de formación.

Además, deberá el Estado terminar de reintegrarles todos esos derechos que la dictadura les arrebató. Los del 13 de noviembre, desde los capitanes que participaron y de allí para arriba, en todas sus jerarquías son mucho más generales que cualquiera. 

Alberto Borea Odria

Fotografia: Caretas
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jueves, 29 de septiembre de 2011

REFORMA CONSTITUCIONAL: TOMANDO LA INICIATIVA



A un grupo de peruanos que hemos luchado intensamente contra las dictaduras nos parece preciso para el país que no vuelva a estancarse el propósito de reforma constitucional que insinuó el Presidente Humala en su discurso inaugural.
            Han pasado dos meses desde esa declaración y al no haber tomado la iniciativa los parlamentarios ni el Poder Ejecutivo, es necesario que se impulse el tema desde la sociedad civil, aquella que nunca cejó en su lucha por devolver al Perú al estado de dignidad constitucional.
            Hay quienes creen que es asunto de menor cuantía o una lindeza de la que hay que correr, el hecho que el Perú sea gobernado según lo que quiso una dictadura. Eso no es verdad. Incluso si Keiko Fujimori señaló en la campaña que se arrepentía del golpe de Estado que se perpetró en 1992, no puede menos que revisarse el fruto directo de ese acto que provoca el pedido de perdón: la denominada constitución de 1993.
            La propuesta apunta a que sea este Congreso plural, elegido hace menos de medio año, el que debata y revise el sistema constitucional del país teniendo como base la Carta de 1979. Fija además un plazo suficiente para que este hecho se produzca. No le coloca un poder constituyente al lado de tal forma que sean los propios elegidos los que cavilen con tranquilidad y decidan sobre una Constitución donde todos puedan llevarse en armonía consolidándose el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo económico que nos ha de beneficiar a todos.
            De esta manera, todos los sectores, incluso el fujimorismo, esta vez bajo las reglas democráticas, podrán participar en este debate y el resultado será el de una norma que refleje una voluntad auténtica.
            Ello servirá de lección no sólo en el país, sino también en el hemisferio, de que una dictadura no tiene derecho a endilgarle al país su credo y a que todas las autoridades de una nación democrática, resultado de la lucha contra ese flagelo autoritario, deben de seguir a pie juntillas con sus dictados. Como señalaba Rousseau, “la fuerza es una potencia física, y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber?... Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en absoluto”.
            Esto mismo pasó con la “constitución” de 1993. Impuesta por la fuerza como barniz de una dictadura y estando ya presos los que sometieron al país, no tiene el Perú ninguna obligación de obedecer lo que quiso el autócrata.      
            Vayamos hacia las nuevas reglas que se ha de dar la democracia. Para ello, apoyemos la iniciativa popular de reforma constitucional firmando los planillones.

Alberto Borea Odria

Imagen tomada de internet
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miércoles, 14 de septiembre de 2011

La reforma constitucional y las lecturas sesgadas



Tal es el pánico que produce en los sahumadores de la “constitución” de 1993, la posibilidad del debate en serio esta vez, acerca de su legitimidad que pretenden decir que la encuesta que encargaron con preguntas oblicuas, confina a sólo un 11% el reclamo por el retorno a la dignidad extraviada que se presenta cuando un pueblo decide obedecer la legislación impuesta por una gavilla de delincuentes (asesinos, peculadores, violadores de los derechos a la intimidad personal, etc.) en donde no decidieron otra cosa que acrecer su poder, desentenderse de los límites a su ejercicio, romper cualquier concepto de pluralidad y congelar un modelo económico como más santo que la Biblia. Vale decir, donde se da la contra a todo aquello que la doctrina considera elemental para que se alcance la categoría de Constitución.


La encuesta en mención señala cuatro categorías y en tres de ellas se deja en claro que el país no está conforme con la situación tal como está en materia de carta magna. Sin embargo, su conclusión es otra. Dicen que no tiene sustento el debate constitucional porque sólo 12% respalda en su integridad el retorno a la Carta de 1979.

Ello significa crearse una realidad que no existe para combatirla y darse por vencedores de una batalla que nunca se ha presentado. Entre quienes aspiramos en el mundo del Derecho y la Academia al retorno a la legitimidad constitucional no hay quien piense que la Carta de 1979 tiene que ponerse en vigor sin modificaciones dictadas por las nuevas realidades que tenemos que vivir y sin normas transitorias que eviten que se genere una situación de desorden jurídico por lo sucedido en los 18 años que corren desde que nos endilgaron por la vía del fraude un texto cuyo primer y principal objetivo fue adormecer a la población acerca de la ausencia de un estado de Derecho.

Por eso, la conclusión a la que arriban es falaz. Esa encuesta debe de leerse en otra forma. Sólo 22% de peruanos está de acuerdo con lo que ahora tenemos, por lo que 78% piensa que debe de abordarse la reforma de las normas constitucionales del Perú. El 20% piensa que debe de cambiarse por una nueva. 12% piensa que el documento de base para ese trabajo debe ser la Constitución de 1979 y 39 % la “constitución” de 1993. 7%, finalmente, no opina. O sea que, descontado el 7% de abstención y recalculado el total tenemos que el 76.34% piensa que debe darse un debate constitucional.

Sin embargo, los entusiastas del texto Fujimorista presentan el resultado como si estuviera desahuciada la idea de la reforma, cuando está más viva que nunca. Que el resultado termine siendo uno u otro no implica que no deba de producirse la discusión. La “constitución” de 1993 tal como está tiene el tiempo contado y paso a paso, con la determinación del país, se abrirá nuevamente el debate que el nudo interés quiso y quiere cerrar.

Alberto Borea Odria
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lunes, 1 de agosto de 2011

Panamericana TV: Abogado Alberto Borea defendió el juramento del Humala por la Constitución de 1979. VER EL VIDEO


El abogado Alberto Borea, defendió en 24 Horas el juramento por la Constitución de 1979 del presidente Ollanta Humala al asumir la primera magistratura de la Nación, el letrado indicó que la Carta Magna anterior se basa en la economía al servicio del ser humano.



Fuente: www.panamericana.pe
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EL JURAMENTO DEL PRESIDENTE HUMALA Y LA “CONSTITUCIÓN” DE FUJIMORI





A raíz del discurso inaugural de la Presidencia de Ollanta Humala, el fujimorismo y muchos de quienes están en los sectores más acomodados económicamente hablando del país, han reaccionado desaforadamente cuando el Presidente manifestó que honraría los valores y principios de la Constitución de 1979, producto de una Asamblea Constituyente que se llevó a cabo en un ambiente de libertad y con la perspectiva de una auténtica democracia a la vista.

Basta leer el preámbulo de la Constitución de 1979, redactado con una belleza literaria y una puntualidad jurídica impresionante por ese gran peruano que fue Andrés Townsend Ezcurra, para darse cuenta que ningún peruano debería de eximirse de hacer lo que el nuevo mandatario se comprometía a hacer: “honrar y respetar los valores y principios” de esa Constitución.

Dicha introducción no es otra cosa que un programa máximo para el Perú. Una aspiración que debemos de tener siempre presentes quienes nacimos en esta tierra de los Incas y donde cada uno de sus habitantes debe de encontrar un lugar en la construcción y en los beneficios que ha de recibir de esta sociedad. Donde nadie debe de quedar excluido, ni de la posibilidad de participar en su estructuración, ni de los derechos que le han de asistir tanto como individuo como en tanto persona.

He creído necesario copiar ahora, en este artículo, para que lo conozcan quienes participen en el debate, este texto honrado por ese juramento, y de esta forma hacerse una idea si la grita promovida por la lideresa de la dictadura de los 90, Martha Chávez, y quien la acompañó en el despropósito, Luz Salgado, se justifican.

El preámbulo dice:

Nosotros, Representantes a la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios, y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del Perú nos ha conferido;

Creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado;

Que la familia es célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza, así como ámbito natural de la educación y la cultura;

Que el trabajo es deber y derecho de todos los hombre y representa la base del bienestar nacional;

Que la justicia es valor primario de la vida en comunidad y que el ordenamiento social se cimenta en el bien común y la solidaridad humana;

Decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía; una sociedad abierta a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo;

Decididos asimismo a fundar un Estado democrático, basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice, a través de instituciones estables y legítimas, la plena vigencia de los derechos humanos, la independencia y la unidad de la República; la dignidad creadora del trabajo; la participación de todos en el disfrute de la riqueza; la cancelación del subdesarrollo y la injusticia; el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley; y la efectiva responsabilidad de quienes ejercen función pública;

Convencidos de la necesidad de impulsar la integración de los pueblos latinoamericanos y de afirmar su independencia contra todo imperialismo;

Conscientes de la fraternidad de todos los hombres y de la necesidad de excluir la violencia como medio de procurar solución a conflictos internos e internacionales;

Animados por el propósito de mantener y consolidar la personalidad histórica de la Patria, síntesis de los valores egregios de múltiples origen que le han dado nacimiento; de defender su patrimonio cultural; y de asegurar el dominio y la preservación de sus recursos naturales; y,

Evocando las realizaciones justicieras de nuestro pasado autóctono; la fusión cultural y humana cumplida durante el virreinato; la gesta de los Libertadores de América que inició en el Perú Túpac Amaru y aquí culminaron San Martín y Bolívar; así como las sombras ilustres de Sánchez Carrión, fundador de la República y de todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales, y el largo combate del pueblo por alcanzar un régimen de libertad y justicia.

Como se puede apreciar claramente cada frase está llena de un contenido teleológico o finalista. Es una aspiración en sí de nuestro pueblo. Por ejemplo, la declaración de la superioridad de la persona sobre el estado, que ahuyenta precisamente el peligro de los totalitarismos y las dictaduras desde su propio enunciado. A ello se suma el reconocimiento que los derechos de esa persona son reconocidos y no otorgados por el Estado, por lo que no puede arrebatárselos en ninguna circunstancia. ¿Hay algo más lejos del chavismo venezolano, al que tanto dicen temer pero al que le sirvieron de ejemplo los propios fujimoristas, que eso?

¿No es correcto aspirar a la promoción de la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía? Nada hay más en las antípodas de un estatismo marxista que esta afirmación, como, también hay que decirlo, nada está más lejos del neoliberalismo y el absolutismo individualista que este enunciado, con lo que el país se pone en el mero centro, alejado de ambos perniciosos extremos.

¿No es correcto aspirar a que el Perú se constituya en una sociedad abierta (lejos de los aislacionismos chauvinistas) apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo?

¿Es justo de que se grite hasta desgañitarse y en presencia de presidentes de otras naciones, contra la decisión de fundar un estado democrático basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice instituciones estables y legítimas? Obviamente que para cualquier demócrata esto sería inexplicable, pero es claro que no lo es para quienes, como los fujimoristas, destrozaron el Estado de Derecho en el Perú y se rieron de su democracia, de sus habitantes y de sus instituciones.

¿Es indebido honrar el espíritu de una Carta que somete a los gobernantes a la Constitución y a la ley y pretende la efectiva responsabilidad de quienes ejercen función pública? Entiendo que para los fujimoristas lo sea. No hay que olvidar que tienen a más de 80 de sus cuadros, entre civiles y militares presos y condenados por corrupción y violación de derechos humanos, fuera de todos los demás que se escaparon. Tampoco hay que olvidar que su líder real, el ex dictador, se ha autoinculpado de corrupción y de delitos de interceptación telefónica en agravio de personas inermes.

¿Hay que denigrar de la necesidad de excluir la violencia como medio de procurar solución a conflictos internos e internacionales?

Pues bien, todos estos tópicos y los que se leen en el Preámbulo glosado no merecen sino adhesión.

Frente a esta declaración de principios y valores está el texto del preámbulo chato y ramplón del documento que perpetró Fujimori en 1993 con ayuda de sus compinches y de un referéndum tramposo. Allí se dice textualmente:


“El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria”

Eso es todo. Vale decir, nada como alma, nada como espíritu, nada como proyecto nacional. Sólo como se verá en el articulado de ese documento, el acrecentamiento del poder del jefe del Ejecutivo, el achicamiento del parlamento, la liberación de los controles y, luego incluso, en la práctica, el desconocimiento de ese articulado que ellos mismos habían promulgado. En realidad allí sólo se ratifica la angurria con que se procedió por parte de la gavilla que se hizo del poder en 1992 y que lo exprimió hasta los extremos del enriquecimiento ilícito más inmundo.

Frente a esto, ¿hay alguna lógica para alarmarse o para rechazar la invocación presidencial de proponerle este norte al Perú?

Usted juzgará y le ruego expresar con sus amigos, sus conocidos, en los medios electrónicos o públicamente, de acuerdo a su vocación, los resultados de su análisis.
Alberto Borea Odria
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