OLLANTA HUMALA Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

En reciente entrevista, el Presidente que fue electo para realizar un cambio en el tema de la distribución social y de la recuperación ética del país, ha señalado que no insistirá él, por ahora, con el tema de la reforma constitucional.

Esto es contradictorio con su mensaje de todo el período preelectoral, incluido el de la segunda vuelta, donde muchos peruanos lo apoyamos precisamente porque anunciaba que no se continuaría con esa cínica convivencia del poder en democracia, con las formas y las órdenes impuestas por una dictadura a la que dice haber combatido, aunque no fuera sino sólo en el 2000, luego de 8 años de iniciada la batalla por la sociedad civil y por los valientes militares del 13 de noviembre.

Hay que recordarle, por si quiere parecerse a él, que Alan García también prometió que acabaríamos con ese texto que no dice bien de la dignidad de los peruanos y que, con el cuento de “mejor esperamos para no discutir”, aunado a la peor interpretación del especio tiempo histórico ensayado para claudicar con la inmundicia, dejó pasar sus cinco años en el poder sin cumplir con su promesa. Anhelamos que no le pase lo mismo al Presidente Humala y que le ahorremos al Perú una nueva desilusión.

Pero el hecho que el Presidente no plantee la reforma, no quiere decir que el tema no se va a tocar. Hay varios millones de peruanos, el 78%, incluso en una encuesta de Apoyo con una pregunta bien sesgada para que se dijese que no debía de producirse un debate constitucional, que cree que debe de haber o una reforma a partir de la Constitución del 79, o una a partir de la “constitución” de 1993, o una Asamblea Constituyente.

Que al sector que se favoreció con el modelo excluyente en lo económico y lo social y liberado de controles políticos que planteó Fujimori le moleste que el tema se oponga a ello, es razonable. Pero una gran porción del país quiere que este tema se arregle.

Que Fujimori y sus secuaces dictaran una “constitución” apoyados en la fuerza no puede, como dijo Jean Jaques Rousseau obligar a su cumplimiento cuando esa fuerza ha cesado y cuando, además, fue producto de la voluntad de gente que delinquió contra el país. Los peruanos, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Queremos esta vez congruencia entre el dicho del candidato y del juramento presidencial.

Hoy más que nunca es preciso enseñar cuál es el camino y esperar que el Presidente Humala, así como se ha dejado envolver por los cantos de sirena de quienes en muy poco estimaron la democracia, se vuelva a sentir atraído por los clamores de ese país que lo eligió y que pide, aunque no sea riqueza, por lo menos una estructura jurídica y política que lo incluya y que se produzca de una vez para siempre, la cancelación de los vestigios de ese régimen detestable.

Alberto Borea Odria

Ilustracion: Internet

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REFLEXIÓN SOBRE EL PAÍS: SIN ORDEN NO HAY PROGRESO

La asociación de orden y progreso es esencial en el mundo moderno. Si no existe el primero es muy difícil que se encuentre el segundo, y sin progreso no podrá haber mejoría en el nivel de vida de los habitantes de un país. Podrán, al río revuelto del caos, pescar más y más algunos privilegiados que saben cómo manejar mejor los personales intereses de quienes fingen estar al mando de la disciplina social, pero el hombre que carece de esa desfachatez verá cómo es que le pasan por encima todos aquellos vivarachos que se empavonan hasta lo máximo con su bienestar conseguido con la perpetuación del desorden.

Por eso es que resulta necesario que se dicten normas que se puedan cumplir, y que se perciba un compromiso de las autoridades por hacerlas efectivas.

Ello debe darse a todo nivel, pero debe plasmarse también en la supervisión estrecha y sin miramientos de las cosas sencillas que harán que la propia comunidad se vuelva menos comprensiva cuando las faltas son cometidas por quienes están en cargos de más alta responsabilidad y son más visibles. El “roba pero hace”, por ejemplo, podrá ser combatido en tanto que haya una disciplina social más marcada.

Para eso no basta ir muy lejos. Los caos que se generan en las carreteras o en las calles de Lima con el tránsito, pueden ser una buena muestra de ello. A cada instante quienes transitan por la vía de evitamiento son testigos de dos cosas: de las reiteradas señales que indican que los vehículos pesados no pueden ir por el carril izquierdo y, a la vez, de los numerosos camiones que transitan precisamente por ese carril. De la misma forma, en las carreteras se ve signos de la velocidad máxima y bólidos que centellean a una velocidad mucho mayor que la marcada. Ni qué decir de camiones que usan una potentísima luz blanca en la parte posterior de su vehículo la que se activa con el freno y que ciegan a quien viene detrás de ellos con el grave riesgo de una colisión.

Esto se multiplica en las ciudades donde cualquier vehículo de servicio público para donde le viene en gana o donde se cierran las intersecciones por meter el carro cuando ya no hay espacio en la siguiente cuadra.

Todo esto está catalogado como infracción, todo esto es visto por cientos de policías y nada de esto es sancionado, contribuyendo así a la sensación de la inutilidad de las normas y a la devaluación total del Derecho.

Este tópico es muy bueno para saber si, efectivamente hay un compromiso de las autoridades con las leyes, o si estas solamente están de adorno o para garantizar arbitrariedad y ventaja a quienes dicen ser encargados de aplicarlas. Si no empezamos por esas pequeñas cosas, si como país no nos disciplinamos, nos estancaremos, aunque las cuentas nacionales digan que crecemos en la economía al 8%. Sin orden, nadie disfrutará del progreso. 

Alberto Borea Odria

Foto: La Primera.pe

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A propósito del caso de Ciro Castillo Rojo: HABLAR POR HABLAR

Es impresionante la manera como saltan a la piscina los entrevistados respecto al caso del joven Ciro Castillo. Este virus no sólo ataca a las personas de a pié, bueno fuera, sino que se inocula especialmente en aquellos que tienen un cargo público o una notoriedad política y que son abordados para que opinen sobre los distintos giros que toma el caso o sobre el lugar donde deben de hacerse las diligencias o sobre las medidas que se deben de tomar en contra de los involucrados.

Más sorprendente todavía es cuando se absuelve o se condena sin haber visto una sola prueba de lo que está en el expediente y donde se presume, especialmente por los hechos que a su vez han supuesto quienes tienen la facilidad de hablar a través de los medios de comunicación, acerca de las conclusiones que se puede extraer de este brumoso caso.

Muchos medios se sienten tentados a poner en cuestión al juez o al fiscal porque ordena tal o cual diligencia, cuando a su juicio ya no es necesaria, o cuando se prescinde, por el contrario, de llevar adelante una actuación que quienes investigan como autoridades no estiman ya relevante.

Todo esto nos lleva a los juicios mediáticos, a las condenas sin análisis y a veces hasta en contra de lo que dice la razón o lo que el propio juzgador ve del resultado de esas indagaciones y de la aplicación del derecho. En este caso el acusado o el comprometido en la pesquisa ven angostado el margen de su actuación, puesto que los encargados de aplicar las leyes y de hacer justicia, se sienten presionados al punto de entender que será un demérito el ir en contra de la opinión mayoritaria.

Muchas veces, cada vez con más frecuencia, los jueces y fiscales se dejan llevar por lo que leen en los diarios, escuchan en las radios o ven en la televisión y carecen del coraje necesario para saber decidir al margen de lo que diga la mayoría. Creen que si contradicen ese veredicto mediático van a ver comprometidas sus posibilidades de ascenso o de permanencia en su carrera, o también, de alcanzar una notoriedad que les sirva de trampolín para su vida futura.

Hay quienes creen que por haber sido elegidos o designados están en la obligación de opinar sobre todo. Con ello sólo contribuyen a la confusión y, porque no decirlo, a convertir e muchos inocentes en culpables o a que los sindicados deban de soportar situaciones de pérdida de su libertad mientras se aclaran las cosas en el proceso y se decide por parte de quienes están en la posibilidad de hacerlo bien.

Ojalá que aprendan las personas públicas a decir “sobre este tema que no conozco a fondo, prefiero no opinar”. El Perú, avanzaría mucho.

Alberto Borea Odria

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LOS DESTINOS DE LOS MILITARES

El gran número de generales pasados al retiro como consecuencia de la designación del nuevo jefe de la Policía Nacional, hace que se piense en la corrección del sistema. Este artículo, no obstante, no juzga el caso concreto, sino que elabora hacia lo que debe ser un mejor modo de garantizarnos el equilibrio y la capacidad de las instituciones y la permanencia y desarrollo en ellas de los profesionales más capaces.

            En la Constitución de 1979 los ascensos a los cargos de oficiales generales debían de ser ratificados por el Senado de la República. Ello permitía transmitir que la lealtad que quienes a ese cargo ascendían y a quienes les correspondía conducir a la institución armada, así como a la que se encarga de proteger el orden interno, debía de ser con el sistema y con la globalidad del país y no con un ser de carne y hueso llamado Presidente de la República.

Se dijo que ello obligaba a que los oficiales se acercaran a los senadores para presentar sus casos y que terminaba siendo una negociación entre los distintos sectores políticos. Sin embargo, la remoción de esta modalidad por parte de la “constitución” de 1993, ha sido peor que la forma que ha reemplazado. Hoy día hay que estar bien sólo con uno, el Presidente o su círculo cercano, y hay siempre la tentación, en la que se cayó con frecuencia en la época de Fujimori, de ponerse al servicio de ese personaje de la vida política sin ningún empacho con relación a los actos que se llevan a cabo. Vale decir, la politización sigue existiendo, pero con el agravante que resulta ejercerse al arbitrio de un solo actor y sin el control que siempre presta el equilibrio.

            A mi criterio no sólo los ascensos a estos cargos, sino también las invitaciones al retiro en estas esferas, deberían de ser materia de ratificación por el Senado o por el órgano legislativo. De esta manera se aminora el peligro de las tentaciones de dejar de lado a quienes por razones ajenas a la competencia profesional o a la disciplina debida, puedan resultar incómodos para quien quiera sacar los pies del plato democrático.

Pero no sólo es este el problema de los ascensos. También se presenta en las continuas injusticias y postergaciones inexplicables que se repiten en los procesos para escalar en los rangos menores. Luego del examen quien quedó primero utilizando los criterios que se fijaron en la convocatoria, es dejado de lado porque los de su promoción “no deben de ascender” porque ya no van a llegar a ser generales. Y entonces, ¿para que se les permitió postular? O ¿acaso todos los que están en el ejército deben de poder ser generales, no puede haber buenos coroneles o buenos comandantes que cumplan con eficiencia su tarea en esos escalones de la carrera militar?

            Todo esto tiene que acabar y reformarse. La vida militar no puede ser sinónimo de campo fértil para la injusticia irreparable.

Alberto Borea Odria

Foto: Internet 

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JAIME DE ALTHAUS Y LA INTOLERANCIA DEL TEMOR

No acostumbro contestar las alusiones que se hace contra mi persona, pero en este caso lo voy a hacer porque teniendo quien la ha formulado una tribuna diaria, no quiero ni que se de por aceptada la especie, ni menos por absorbido sin protesta un agravio de la peor cosecha.

            En mi vida pública, más allá de las discrepancias que he tenido con distintos políticos y personas, sólo una vez antes que esta, me dijeron que no quería a mi patria. Esa vez lo hicieron Fujimori y Montesinos, allá por 1992 cuando me endilgaron junto a Mario Vargas Llosa, César Hildebrandt y Gustavo Gorriti, el membrete de antipatriotas. La causa fue que luchábamos porque nuestra nación no se dejase idiotizar por los artífices de una campaña destinada a acallar cualquier protesta que dejase en claro que lo que estaba instaurando en el Perú no era una democracia, sino una dictadura, y que los países amigos del Perú y su pueblo, debían de medir con esa vara a quien se había alzado con el poder.

            El miércoles pasado, Jaime de Althaus, en su programa de televisión diario, escandalizado por el proyecto que hemos presentado para que se resuelva la crisis que atraviesa el sistema constitucional peruano, volvió a soltar la especie. Por cierto que notas parecidas se habían publicado en su columna del diario “El Comercio”.

            Ya sabemos que la historia no le dio la razón ni a Fujimori, ni a quienes como Jaime de Althaus lo admiraban y le quemaban incienso en sus programas del entonces Cable Canal de Noticias. Si por él hubiera sido, hasta el día de hoy estaríamos sometidos a la dictadura en aras de una supuesta libertad económica. Quiero citar aquí a Giovanni Sartori cuando en su libro “La Democracia en 30 lecciones” dice: “El que renuncia a la libertad a cambio de pan es sólo un … (digamos nosotros un equivocado, para no agraviar). Si la libertad no da pan, es aún más seguro que tampoco lo da la falta de libertad”.

            Nada hubiera sido más lógico y caballeroso, ya que me había aludido malamente, que pudiésemos tener una conversación en igualdad de condiciones al día siguiente, pero él se negó a ello. Primero me citó para ese lance que acepté y a las pocas horas se retractó.

            Una pena porque más allá de las grandes distancias ideológicas, primero en la Universidad cuando él estaba cercano al comunismo y yo en el centro; y luego ya mayores, donde él se había pasado a la dictadura de derecha y yo seguía en el centro democrático, es una persona a la que no le tengo ni inquina ni rencor, ni menos por cierto, envidia.

            Espero que Jaime sepa retractarse y pedir las disculpas del caso. Un agravio como el que me ha dirigido no creo merecerlo. La intolerancia de sus mentores no debería pegársele a él, quien siempre ha pretendido dar una imagen atildada. Que la elegancia entre también dentro de sí.

Alberto Borea Odria

Articulo publicado en La Primera

Foto: Internet

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Alberto Borea: “Alan García estafó al pueblo peruano”, a proposito de la reforma constitucional que se plantea

El constitucionalista Alberto Borea y los apristas Javier Valle Riestra y Carlos Roca criticaron al expresidente Alan García por no cumplir con su promesa de restituir la Constitución Política del Perú de 1979, por lo que consideraron que “traicionó” al pueblo y tuvo una actitud “timorata” frente a grupos de poder económico.

“Alan García claudicó, no cumplió, estafó al pueblo peruano, porque le dijo que íbamos a tener nuevamente una Constitución democrática a partir de la Carta en la cual él también participó, junto con Carlos Roca y Javier Valler Riestra”, indicó Alberto Borea.

Sostuvo que pese a su promesa, García prefirió “la miel del poder” y los contactos que adquirió antes, que el compromiso personal con el pueblo peruano.

Borea hizo estas declaraciones durante una reunión convocada en la sede del Colegio de Abogados de Lima y ante numerosos letrados, con el fin de dar detalles de la iniciativa legislativa que plantea la reforma de la actual Constitución, sobre la base de la Carta Magna de 1979.

Por su parte, Javier Valle Riestra sostuvo que pese a que la reforma constitucional estuvo implícita en el plan de gobierno del Apra en el año 2006, “tuvieron miedo de asustar a los grupúsculos económicos de poder, creyendo que retornar a la Constitución de 1979 era dañino para sus intereses, cuando no lo es”.

En ese sentido indicó que el régimen pasado tuvo una actitud “timorata” frente a los factores reales del poder, así como una falta de decisión, abulia e inercia política.

Por su parte, Carlos Roca hizo uso de la palabra como miembro del Partido Aprista y expresó su satisfacción por la reforma de la Constitución de 1993, porque ese fue un reclamo del “partido del pueblo” que se incluyó en el Plan de Gobierno que el Apra presentó durante la campaña electoral del año 2006.

Articulo publicado en www.Diario16.pe

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REFORMA CONSTITUCIONAL: TOMANDO LA INICIATIVA

A un grupo de peruanos que hemos luchado intensamente contra las dictaduras nos parece preciso para el país que no vuelva a estancarse el propósito de reforma constitucional que insinuó el Presidente Humala en su discurso inaugural.

            Han pasado dos meses desde esa declaración y al no haber tomado la iniciativa los parlamentarios ni el Poder Ejecutivo, es necesario que se impulse el tema desde la sociedad civil, aquella que nunca cejó en su lucha por devolver al Perú al estado de dignidad constitucional.

            Hay quienes creen que es asunto de menor cuantía o una lindeza de la que hay que correr, el hecho que el Perú sea gobernado según lo que quiso una dictadura. Eso no es verdad. Incluso si Keiko Fujimori señaló en la campaña que se arrepentía del golpe de Estado que se perpetró en 1992, no puede menos que revisarse el fruto directo de ese acto que provoca el pedido de perdón: la denominada constitución de 1993.

            La propuesta apunta a que sea este Congreso plural, elegido hace menos de medio año, el que debata y revise el sistema constitucional del país teniendo como base la Carta de 1979. Fija además un plazo suficiente para que este hecho se produzca. No le coloca un poder constituyente al lado de tal forma que sean los propios elegidos los que cavilen con tranquilidad y decidan sobre una Constitución donde todos puedan llevarse en armonía consolidándose el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo económico que nos ha de beneficiar a todos.

            De esta manera, todos los sectores, incluso el fujimorismo, esta vez bajo las reglas democráticas, podrán participar en este debate y el resultado será el de una norma que refleje una voluntad auténtica.

            Ello servirá de lección no sólo en el país, sino también en el hemisferio, de que una dictadura no tiene derecho a endilgarle al país su credo y a que todas las autoridades de una nación democrática, resultado de la lucha contra ese flagelo autoritario, deben de seguir a pie juntillas con sus dictados. Como señalaba Rousseau, “la fuerza es una potencia física, y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber?... Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en absoluto”.

            Esto mismo pasó con la “constitución” de 1993. Impuesta por la fuerza como barniz de una dictadura y estando ya presos los que sometieron al país, no tiene el Perú ninguna obligación de obedecer lo que quiso el autócrata.      

            Vayamos hacia las nuevas reglas que se ha de dar la democracia. Para ello, apoyemos la iniciativa popular de reforma constitucional firmando los planillones.

Alberto Borea Odria

Imagen tomada de internet

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CONGRESO ITINERANTE

Es cierto que el Congreso no pasa por un buen momento en el rubro de la aprobación popular. No sólo por su pauperización a partir del golpe de 1992, sino porque se espera de quienes lo integran cosas que no pueden hacer porque las normas de distribución del poder le encargan esas tareas a otros poderes, sino, porque además, los parlamentarios insisten en hacer aquello que les está vedado.

La tarea parlamentaria exige un esfuerzo serio por darle un norte al país. Las leyes lo que hacen es planificar el destino del mismo. Señalan qué es lo que ha de hacerse frente a determinadas circunstancias, qué es lo que hay que fomentar para que los privados se embarquen en esas travesías poniendo en juego sus recursos, así como ordena sancionar a quienes trasgredan el orden social que se fija en las leyes.

Esa tarea, sin embargo, no ha sido difundida y ha quedado retrasada en el circuito de la comunicación social. Los parlamentarios no tienen cómo comunicarse con la población si no es a través de la prensa. Todavía los medios alternativos como el internet o las demás técnicas no son de uso tan masivo como para suplir la aparición en las pantallas de los canales de señal abierta, o para que se escuche su voz en las radios de alcance nacional.

Cómo hacer para que el circuito político no se desencuentre del circuito social es uno de los dilemas de la democracia actual. Si no se hallan canales para que los elegidos puedan comunicar a sus electores el sentido de su proceder en la Cámara a la cual estos los enviaron, entonces se produce un desilusión y una continua erosión en la legitimidad del Congreso.

Esa comunicación, además, debe de hacerse sobre los tópicos serios y de forma adecuada. Con espacio para que se formulen conceptos sin interrupción por parte de un interlocutor que quiere respuestas inmediatas como si se tratara de rendir lo que en la escuela se llama un examen “objetivo”. Conceder espacios radiales y televisivos a los partidos para que constantemente realicen esta tarea, me parece esencial.

De esta forma, los parlamentarios tendrán presencia sin tener que pagar el alto costo del “figuretismo”, que los hace aparecer haciendo cualquier cosa con tal de recordarle a la ciudadanía su existencia, aunque ello los convierta en bufos o comparsas. Así se podrá, por parte del electorado, comparar propuestas y constatar actitudes.

Las respuestas a estos reclamos no pueden darse como consecuencia de lo que diga una pluma tirada al viento, deben trabajarse a partir del rol y la función que les toca cumplir.

Es por eso que hay que revisar la respuesta de los viajes del pleno a las provincias. La visita a Ica no ha sido buena. Que vaya cada parlamentario mensualmente a dos provincias de las que lo eligieron, sí es indispensable. Que dé cuenta de sus reuniones con la población, importante. Pero que se pretenda que con una puesta en escena se resuelve el problema, me parece un error que agravará las cosas.

Alberto Borea Odria

Imagenes tomadas de internet

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La reforma constitucional y las lecturas sesgadas

Tal es el pánico que produce en los sahumadores de la “constitución” de 1993, la posibilidad del debate en serio esta vez, acerca de su legitimidad que pretenden decir que la encuesta que encargaron con preguntas oblicuas, confina a sólo un 11% el reclamo por el retorno a la dignidad extraviada que se presenta cuando un pueblo decide obedecer la legislación impuesta por una gavilla de delincuentes (asesinos, peculadores, violadores de los derechos a la intimidad personal, etc.) en donde no decidieron otra cosa que acrecer su poder, desentenderse de los límites a su ejercicio, romper cualquier concepto de pluralidad y congelar un modelo económico como más santo que la Biblia. Vale decir, donde se da la contra a todo aquello que la doctrina considera elemental para que se alcance la categoría de Constitución.

La encuesta en mención señala cuatro categorías y en tres de ellas se deja en claro que el país no está conforme con la situación tal como está en materia de carta magna. Sin embargo, su conclusión es otra. Dicen que no tiene sustento el debate constitucional porque sólo 12% respalda en su integridad el retorno a la Carta de 1979.

Ello significa crearse una realidad que no existe para combatirla y darse por vencedores de una batalla que nunca se ha presentado. Entre quienes aspiramos en el mundo del Derecho y la Academia al retorno a la legitimidad constitucional no hay quien piense que la Carta de 1979 tiene que ponerse en vigor sin modificaciones dictadas por las nuevas realidades que tenemos que vivir y sin normas transitorias que eviten que se genere una situación de desorden jurídico por lo sucedido en los 18 años que corren desde que nos endilgaron por la vía del fraude un texto cuyo primer y principal objetivo fue adormecer a la población acerca de la ausencia de un estado de Derecho.

Por eso, la conclusión a la que arriban es falaz. Esa encuesta debe de leerse en otra forma. Sólo 22% de peruanos está de acuerdo con lo que ahora tenemos, por lo que 78% piensa que debe de abordarse la reforma de las normas constitucionales del Perú. El 20% piensa que debe de cambiarse por una nueva. 12% piensa que el documento de base para ese trabajo debe ser la Constitución de 1979 y 39 % la “constitución” de 1993. 7%, finalmente, no opina. O sea que, descontado el 7% de abstención y recalculado el total tenemos que el 76.34% piensa que debe darse un debate constitucional.

Sin embargo, los entusiastas del texto Fujimorista presentan el resultado como si estuviera desahuciada la idea de la reforma, cuando está más viva que nunca. Que el resultado termine siendo uno u otro no implica que no deba de producirse la discusión. La “constitución” de 1993 tal como está tiene el tiempo contado y paso a paso, con la determinación del país, se abrirá nuevamente el debate que el nudo interés quiso y quiere cerrar.

Alberto Borea Odria

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El impuesto a las sobreganancias: no se cayó el mundo

La imposición del tributo a las sobreganancias de la minería no acabó con las buenas relaciones entre las empresas mineras y el estado peruano ni ha provocado la estampida que anunciaron quienes a toda

costa insisten en no tocar ni con el pétalo de una rosa al gran capital, aunque ello implique dejar de lado la solidaridad esencial para la marcha de una nación.

Por el contrario, la paz social y el desarrollo que se puede alcanzar a través de los frutos de esta contribución van a ayudar a que los peruanos mejoren en sus condiciones de vida y de esa forma puedan, ellos mismos y cada vez con menos apoyo del Estado, ir trazando y alcanzando esas metas propias que La Libertad le permite a los seres humanos que salen de las urgencias propias de la miseria, donde, lamentablemente, sólo se puede atender a la necesidad del día.

Los tres mil millones de soles no son, para lo que ganan las mineras con la extracción de un mineral que no va a poder ser empleado por el país, una inmensa compensación, pero sí hace empalidecer hasta la vergüenza los 500 millones de soles que el APRA presentó como si fuese un gran logro al inicio de su gobierno. ¿Fueron en realidad tan incapaces para obtener lo que ya en todo el mundo se lograba? ¿Les faltó decisión para conseguir aquello que su propio fundador, al que casi han olvidado, les decía que era posible sabiendo plantear bien las cosas? No queremos imaginar otra eventualidad.

Ha quedado demostrado que el impuesto a las sobreganancias mineras es razonable. Nadie quien invierte cuando el precio del mineral está, por decir en doscientos dólares, deja de estimar la ganancia suficiente y el riesgo consecuente para el caso de una rebaja del precio de ese bien. Cualquier cosa por encima de ello es un plus que está muy bien que se perciba, pero que se comparta, puesto que las condiciones que pudo fijar el Estado, por ceder esa riqueza hubieran sido distintas de saberse que el valor de venta del mismo era, por decir, de 1,800. Aquí se produjo lo que los romanos llamaron un cambio fundamental en las circunstancias, que rompe el sinalagma o equilibrio que se debe dar entre las prestaciones y que autoriza, especialmente a la parte menos favorecida que en este caso es el Estado de un país pobre frente a las transnacionales, a volver a discutir los términos en que se pactó.

Por eso es que nadie en verdad se alarmó. Claro está que quienes ganan fortunas posiblemente quisieron seguir ganándolas en tanto los demás no protestaran, pero entendieron lógico que el reclamo se produjese y, así las cosas, mejor es no enervar la paz social que sólo se puede construir sobre la base de la justicia. Paz social, que como señala Stiglitz, es esencial para el desarrollo económico de los países y del propio mundo.

Alberto Borea Odria

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