Aquí les dejamos el emotivo y sentido discurso de Alberto Borea Odria realizado en la Plaza San Martin de la ciudad de Lima a los FONAVISTAS en donde se explica el por que de la campaña de recoleccion de firmas para la reforma constitucional.
domingo, 11 de marzo de 2012
jueves, 19 de enero de 2012
LAS DEFENSAS DE LA DEMOCRACIA: Con relación al pedido de inscripción de MOVADEF como partido politico
Un movimiento no sólo de impronta terrorista, sino de aspiraciones terroristas, pretende que la democracia peruana le abra paso para participar en el proceso político y por lo mismo, acceder a las discusiones y, eventualmente a los medios de comunicación que tienen el deber de transmitir a la población los mensajes de quienes dentro del sistema proponen alternativas o plantean equipos distintos para la conducción de la nación.
Dicha participación sería conveniente si es que sus integrantes hubiesen hecho un acto de fe democrática y anunciaran al país que han abandonado todos aquellos cartabones de imposición e intolerancia que hacen del resto de peruanos que no se identifican con ellos, sus enemigos.
Pero lamentablemente ello no ha sucedido y esa conversión, dado el inmenso daño que se le causó a la nación y que dio hasta el pretexto para otra dictadura, la de Fujimori, no solamente puede ser verbal. Debe de acompañarse con comportamientos que aseguren a los peruanos que estamos frente a la recuperación de un grupo de personas que estuvo profundamente equivocado, que nos agravió de todas las formas y que hoy está arrepentido.
Los alemanes tuvieron que afrontar similar problema cuando en la época de la guerra fría, los comunistas de la RFA quisieron inscribir su partido y el Tribunal Constitucional Alemán negó esa posibilidad sin que nadie se asombrara del resultado. Todo ello lo relata con brillantez el profesor Otto Kircheimer en su libro “Justicia Política”.
Y es que la democracia puede ser un cristal de frágil, pero no tiene que ser un lecho de retardados a los que se les puede envolver cualquier cosa en papel de regalo y la terminen aceptando.
No es dable introducir en el Perú, como en Troya, un elemento extraño al sistema de libertades y de respeto a la dignidad humana, para que luego, en la tranquilidad con que se mueve y ha de moverse la democracia, se le desfigure y se termine acabando precisamente con todo ese elenco de valores que apreciamos.
La democracia exige respeto a sus cuatro valores esenciales: libertad, igualdad, pluralismo y tolerancia. Ninguno de ellos está presente en las fórmulas dictatoriales, ya sea las que se montan para defender los intereses de los pudientes, como de aquellas otras que se inventan bajo el pretexto de conquistar y garantizar al pueblo sus libertades.
Si esta identificación no se constata, no puede tener cabida en el sistema ningún movimiento o partido que apunte a discutirlo o a desparecerlo.
Los límites que los demócratas debemos de poner para que nuestro sistema se perpetúe y dure no pueden entenderse como contradictorios con sus principios.
Corresponde al JNE o al Tribunal Constitucional, llegado el caso, proceder con la misma serenidad con que lo hicieron los alemanes, que hoy viven en un sistema de respeto mutuo y de tranquilidad para su progreso.
Alberto Borea Odria
Foto: tomada de internet
miércoles, 11 de enero de 2012
PINOCHET Y FUJIMORI: LAS COSAS POR SU NOMBRE
Un interesante debate se abrió en Chile con referencia a cómo debe ser tratado el dictador Pinochet y su régimen por la historia de su país. Sus adláteres quisieron sorprender y pasar sus años con el nombre de “el régimen”, como si se tratara de cualquier gobierno. Lo mismo sucede en el Perú con Fujimori, a quienes hasta hoy sus conmilitones y bastantes periodistas de poco carácter siguen llamando como “ex presidente” y dejando de distinguir entre la dictadura que él dirigió y un gobierno democrático.
Hay que recordar lo que señala el profesor Angel Rivero quien dice que: “…política y lenguaje, dice, están en profunda relación. De hecho, la congruencia de nuestro lenguaje político con la descripción de nuestras instituciones proporciona legitimidad, el combustible necesario para el funcionamiento del sistema político…”
Ese combustible fue el que le dieron a Fujimori y a Montesinos quienes tenían rubor de llamar dictadura a la dictadura y golpe de Estado al zarpazo que perpetró en abril de 1992. Ese combustible es el que pretenden que hoy los siga haciendo caminar los pinochetistas en Chile.
Y Giovanni Sartori dice: “… el denominar a una cosa de cierto modo es lo mismo que sugerir como interpretar esa cosa. Las palabras no son sólo anteojeras que nos conduzcan a ver esto y no lo otro … las palabras conforman también el pensamiento”.
Otra vez, quienes le dicen presidente a Fujimori y régimen a su dictadura, están pretendiendo decirnos que esa etapa corrupta y cruel en nuestra historia da lo mismo que un gobierno democrático y de gente honesta. Como quienes quieren que “régimen” en Chile sea igual para los gobernantes que mataron a miles y torturaron a muchos más, que los gobiernos de presidentes que respetaron los derechos y garantías de sus paisanos.
Sartori sigue: “El ciudadano normal sabe sobre su comunidad política lo que las palabras le dicen. Si se denomina “democracia” a una comunidad política determinada, el ciudadano cree, y en realidad está justificado que así lo crea, lo que la palabra expresa”.
Este es el inmenso daño que le hicieron durante esa década todos esos periodistas que no quisieron o no se atrevieron a llamar a las cosas por su nombre. Hasta hoy siguen con el eufemismo o el embuste.
Sigue Sartori: “La guerra de las palabras afecta a sus propiedades emocionales. Su regla básica es conquistar las “palabras buenas” y descargar las “malas” en el campo enemigo…La guerra de las palabras es una realidad; y si nos negamos a afrontarla, lo que en realidad hacemos es permitir que la gane el guerrero de las palabras, el manipulador de los términos”.
En Chile ganó la razón democrática, ¿No va a pasar lo mismo en el Perú? Lo de Fujimori no es una constitución y su régimen fue una dictadura. Así, sin ambages, digámosle a partir de ahora pan al pan y vino al vino.
Alberto Borea Odria
Foto tomada de internet
jueves, 5 de enero de 2012
Alberto Borea: "Fujimori está donde debe estar". VEA EL VIDEO DE LA ENTREVISTA CON BETO ORTIZ
Aseguró que el fujimorismo busca victimizar al ex presidente. “Yo me pregunto si Fujimori tuvo la misma compasión que hoy quiere que sientan por él”.
Dijo, además, no existe un propósito de enmienda por parte de los fujimorista y del mismo Fujimori. “Yo no creo que el presidente Humala indulte a Fujimori”.
Borea puso en duda el 66% de peruanos que están a favor del indulto según una reciente encuesta. “Si el presidente decidiera indultar a Fujimori creo que estaría cometiendo un profundo error”.
Finalmente Borea aseguró que este es un tema político.
¿PROCEDE EL INDULTO A FUJIMORI?
Capeado ya el temporal que generaron los conmilitones de Alberto Fujimori aprovechando el sentimiento de compasión que se genera en la Navidad, es bueno hacer algunas precisiones respecto a la procedencia de esta figura en el caso del ex dictador.
En primer lugar, el indulto es una atribución del Presidente y no un derecho de ninguna persona, aunque la misma se encuentre en la etapa más terminal de una enfermedad, lo que, por cierto, no es ni de lejos su caso, como lo han señalado los expertos.
Segundo, si bien es una atribución del Presidente y puede legalmente otorgarla a quien a él le parezca, aunque no tuviera ninguna enfermedad ni pesar, una cosa diferente es la legitimidad de la figura que se analiza en cada caso. El origen de la figura se asentó en las prerrogativas de los gobernantes absolutos y pasó de alguna manera a los gobernantes democráticos, sin embargo, en este tránsito, como lo señala Linares Quintana, más que la legalidad ha de pararse en el criterio de legitimidad, vale decir, si la medida puede ser estimada como buena o como justa dados los antecedentes del caso, su comparación con otros casos similares y el respeto por el principio de igualdad que es, precisamente aquel sobre el que se sustentan las democracias.
Revisado esto ha de señalarse que la concesión de ese indulto incurriría, a mi criterio en serias causales de ilegitimidad.
En tercer lugar ha de señalarse que si el indulto sirve para reparar alguna injusticia cometida en contra del condenado, esa razón es inexistente por cuanto el juicio que se le siguió fue apreciado como bueno y reconocido por su corrección tanto en el Perú como en el extranjero. No hay entonces desde esta perspectiva nada que reparar. Esto no sería hacer más justicia, sino destruir la justicia.
En cuarto lugar hay que preguntarse si quien pide compasión para él la tuvo con todas las personas a las que segó su vida en años jóvenes, sin proceso. Es claro que no pensó ni en ellos ni en el dolor que les causaba con ese proceder a sus familiares o a los huérfanos que dejaba.
En quinto término, si se alega que está enfermo y está deprimido, ¿cuántos enfermos más graves y con menos atenciones existen en los penales, que son además personas que delinquieron sin la ventaja que da el poder y que cometieron menos delitos y de menor gravedad que los que perpetró aquel para quien hoy se pide el indulto?
En todo caso, su posición en donde está recluido ya es de por sí un privilegio frente a todos los demás peruanos que por menos pagan más, que están hacinados y que no “pueden pintar” en el lugar donde purgan su condena.
En suma, ninguna razón para el indulto.
Alberto Borea Odria
Fotos: Internet
jueves, 22 de diciembre de 2011
“¿LEY MORDAZA?”. Respuesta a los critican el cambio de la ley sobre las interceptaciones y difusión de las comunicaciones privadas
Con todo el poder que la prensa ostenta en este siglo XXI, se ha motejado al proyecto presentado por Javier Bedoya penalizando la conducta de quienes difunden el contenido de las comunicaciones privadas, como “la ley mordaza”.
Nadie tiene derecho a invadir la esfera de privacidad de las personas. Este es un ámbito reservado en las comunidades para que se produzca el desarrollo personal, para que el ser humano se explaye con total libertad y sin temor, incluso, a las convenciones sociales o a que las normas de conducta o urbanidad sean traspasadas. Opinan sin tapujos y sin límites lo que piensan acerca de otras personas o de determinadas situaciones, hablan en hipótesis o con ánimo lúdico, dan curso a sus entusiasmos o manifiestan sus depresiones. En suma, si como decían los antiguos ingleses respecto a lo que se vivía al interior de las cuatro paredes de su morada de que “My home is my castle”, con lo cual se dejaba afuera al rey y a las autoridades sin poder invadir ese recinto, hoy se puede señalar lo mismo con respecto a las comunicaciones “My telephone is my heart” .
Si permitimos que ello suceda se dará pie a la maldición que denuncia Norberto Bobbio con relación a las sociedades modernas, donde no es ya la persona la que controla al poder, sino el poder el que controla al individuo.
En la democracia nadie puede sentirse al margen del respeto que debe a los derechos constitucionales de los demás. Tampoco la prensa. No porque en algunas y recalco, algunas, oportunidades ha actuado conforme a los objetivos de la democracia y ajena a toda pretensión de favorecimiento singular, podemos decir que ese ha sido el patrón. En muchos, también recalco, bastantes casos, ese poder ha sido utilizado para hostigar a los adversarios no sólo políticos, sino de grupos económicos diferentes a aquellos que tienen el control de los medios.
Los delitos de interferencia que de por sí son graves, se convierten en inmensamente más crueles para la víctima cuando lo conversado en ese espacio propio se difunde y se autoriza per se cada comentarista o cada lector o televidente al que se hace llegar la materia del delito (la propia interfenrencia) a especular sobre lo que se dijo en diálogo privado y a hacer expresiones de valor a partir de eso.
Por ello es que resulta acertado que se penalice a quienes proceden sin respeto a las formas constitucionales, donde queda claro que es el Juez el encargado de decidir si se autoriza o no la interferencia y cuáles de esas conversaciones agrega al sumario. Los periodistas no pueden pretender ni que les pongamos corona ni en convertirse en jueces de su propia causa.
Ya el dictamen ha amenguado los efectos del proyecto original. Esperamos que quienes tienen que decidir no vuelvan a flaquear por la tinta que se vierte en los periódicos o los espacios que se repiten en los medios de comunicación.
Alberto Borea Odria
Imagen: edicion online de Peru21
miércoles, 14 de diciembre de 2011
DIRIGENTES QUE NO DIRIGEN PORQUE NO LEEN
Otro de los problemas de la política peruana es el constante zarandeo y la obsesión por las naderías. No importa si ayer se dijo que frente a un tema la respuesta adecuada es esta y mañana, sin ninguna explicación razonable se conduce ese personaje por otra vertiente desdiciéndose de lo que acababa de afirmar pocas horas antes y proponiendo hasta una solución contrapuesta. Eso produce una constante desilusión en la sociedad. Si pidió que votaran por él por los motivos que expuso en su campaña y luego desde el cargo público al que accedió se desdice de esa promesa sin argumentos convincentes, se desgasta la credibilidad de lo público.
El daño que Alan García hizo al país con su promesa incumplida respecto al retorno, con reformas de la Constitución de 1979, sólo sería más grave si el actual Presidente también dejara de cumplir con su palabra o pusiera escollos a la tarea que los ciudadanos llevan a cabo para suplir aquello que sus parlamentarios todavía no se atreven a hacer.
Pero ese zarandeo se debe, entre otras cosas, a que quienes están en la actividad política no leen. No estudian. No conocen las diversas respuestas que en las sociedades se le ha dado a esos problemas que posiblemente no sea en nuestro país donde por primera vez se presenten.
La lectura en política ayuda a abrir horizontes, desarrolla la imaginación porque quien lee preguntándole al libro siempre se pone un paso más allá de aquello que se le está diciendo en el texto. Vale decir, la buena idea se convierte en semilla en el cerebro receptor y al confrontarse con la realidad de quien la está leyendo, produce nuevos frutos. Da especiales respuestas.
Sería interesante conocer cuántos libros han leído los dirigentes partidarios. No hojas de propaganda, ni folletos de difusión, que es necesario revisar en una etapa inicial de la participación política.
Un partido político debe de exigir a sus dirigentes que lean, que se curtan en las ideas que dicen promover. Sería muy conveniente que los partidos premiasen, con un voto calificado en sus elecciones internas, o abriera el paso para representar al partido en la sociedad, sólo a aquellos que se han dado el trabajo de adentrarse en el pensamiento común y que por lo mismo van a saber qué decir coherentemente en su constante comparecencia frente al público.
De esta forma se evitará lo que los italianos, en su crisis política llamaron “el cualquierismo”, que no es otra cosa que la pretensión de quien no tiene ni vocación, ni formación, ni oficio en la tarea pública, de postularse como conductores de una nación que de verdad apenas conocen y que no pueden compararla con nada porque sus horizontes no han sido ilustrados ni por una letra.
De ese mal padecemos mucho ahora en el Perú. Encontrémosle una cura.
Alberto Borea Odria
Imagen de internet
jueves, 8 de diciembre de 2011
DIRIGENTES QUE NO DIRIGEN. Una reflexión de la falta de labor de los partidos políticos en el Peru
El corto circuito que continúa produciéndose en el país entre quienes ocupan las posiciones de poder y el pueblo mismo, se agrava porque los dirigentes de los partidos van poquísimas veces, en realidad casi nunca o nunca, a las provincias o a los distritos para dialogar con los miembros de su partido y para informar en general al pueblo de lo que se realiza desde las altas esferas del poder del país o de la región, ni tampoco para explicar lo que piensa cada partido con relación a los temas que importan a la población. Menos todavía, a formar cuadros o a promover conversatorios en los cuales se pueda recoger inquietudes y canalizar las aspiraciones de los peruanos. En suma, ni forman, ni expresan la voluntad popular.
Casi ningún partido tiene locales abiertos en las capitales de provincia en el Perú, y en esa carencia también está incluida el Apra. En algunos casos quedan todavía, en las puertas de algunos inmuebles cuyas puertas están invariablemente cerradas, cartelones de lo que fueron los comandos de campaña para las elecciones, pero no están abiertos ni como lugares de debate ni de intercambio de información. Pasó el proceso y terminó la inquietud.
Los dirigentes partidarios trabajan poco. Estos forman parte de Comités Ejecutivos Nacionales y, por lo general, no visitan los departamentos ni una sola vez en todo el término en que se mantienen en el cargo. Lo mismo pasa en relación de los dirigentes regionales con relación a las provincias y con los provinciales respecto a los distritos. En el mejor de los casos se reúnen en su nivel de vez en cuando para emitir alguna opinión basada simplemente en su pensamiento o en lo que leen en los periódicos.
Para cambiar debería de obligarse estatutariamente a que los dirigentes nacionales viajaran por lo menos una vez al mes a una región y, además de su capital visitaran dos provincias distintas cada vez, y que los dirigentes regionales lo hicieran a la capital de cada provincia y a dos de los distritos en cada oportunidad. Además, esos viajes deben de hacerse con agenda en donde se dé espacio para que se promueva el debate y para que los mismos dirigentes puedan ir viendo a los jóvenes que tienen condiciones.
La falta de cumplimiento de esta obligación para con la democracia en general, debe sancionarse con la pérdida del cargo partidario si es que se repite en tres oportunidades en el año. Este es un rasero objetivo. Cada uno verá si su visita es fructífera o no, pero la presencia de dirigentes nacionales, regionales y provinciales en las 194 provincias del país va a ayudar, sin duda, a una política mucho más estructurada y le quitará la ilusión a los comodones que creen que basta declarar desde Lima para que hayan cumplido con su función dirigencial. Así empezaremos a reconstruir en serio los partidos.
Alberto Borea Odria
Imagen tomada de internet
viernes, 2 de diciembre de 2011
LA IMPRESCRIPTIBILIDAD: A propósito del debate sobre los delitos en el ejercicio de la función publica
Mucho se ha venido hablando del tema de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante el ejercicio de la función pública. Eso quiere decir que una persona que estuvo sirviendo al Estado desde cualquier posición no puede aspirar a la tranquilidad en ningún momento de su existencia porque, aunque hubieren pasado treinta años desde que dejó el cargo, a alguien, en el año 31, puede antojársele formularle una denuncia y someterlo a un proceso judicial sobre hechos totalmente pretéritos, con pruebas casi imposibles y con una realidad totalmente diferente.
Se cree que con eso se es más eficaz en la lucha contra la corrupción y no se piensa que para este mal existen otros remedios que sí son adecuados, mientras que con esta propuesta se deja siempre abierta la posibilidad de venganza o de la malsana costumbre de inutilizar al adversario político inventándole una tara.
Una de las características de la acción penal es que debe ser oportuna. La persona a la que se acusa debe de tener la posibilidad de defenderse adecuadamente, teniendo a la mano las pruebas y hasta los recuerdos frescos de lo que ha sucedido en el tiempo en que se le acusa de haber cometido un crimen.
Por ello es que el Código Penal fija como término de la prescripción que corresponde al extremo más severo de la pena. Un delito de difamación no podrá prescribir en un tiempo mayor que el que corresponde a un delito de homicidio. Cada delito tiene su gravedad y por ello es que se fijan las penas de distinta manera. Perdonar un insulto es bastante más sencillo que perdonar la comisión de un asesinato.
Con la propuesta hecha por los “moralizadores”, aunque el delito contra el Estado hubiere sido mínimo, la pena sería imprescriptible. Vale decir, el que malversó fondos para paliar una catástrofe porque en ese momento no había de donde sacar dinero para ayudar a las víctimas y ese traslado de recursos no fue luego formalmente convalidado, aunque hubiere sido socialmente aceptado, tendrá que esperar hasta su muerte por si alguien que resulte su adversario ocasional por una elección llevada muchos años después del suceso quiere usar ese hecho como arma electoral. Peor todavía si el delito no se cometió. Bastaría que un fiscal de esos que buscan notoriedad, removiera el asunto aunque ese funcionario no hubiera cometido ningún acto ilícito por leve que fuera, pero igual se le podría procesar. Esto es injusto. Con esto se aleja aún más a la gente decente del servicio público.
Se puede sí señalar que el término prescriptorio no ha de correr (porque no empiece o porque se suspenda) mientras que el funcionario se halle en el poder o mientras el partido que lo eligió gobierne, de esta forma se cerraría también la posibilidad de impunidad que se da en las largas dictaduras, pero no clausurar la figura de la prescripción. Esto me parece demagógico y desequilibrado.
Alberto Borea Odria
Ilustracion: Internet
viernes, 18 de noviembre de 2011
MANDAMIENTO CÍVICO: NO OLVIDAR
Recuperada la democracia luego de haber sido sostenida por más de un lustro con tenacidad ejemplar por el Foro Democrático y cuyos últimos pero decisivos y definitorios actos fueron el de la marcha de los Cuatro Suyos liderada por Alejandro Toledo y el esfuerzo hecho por Fernando Olivera para mostrar al mundo la porquería del gobierno fujimontesinista que la OEA había avalado a pesar del esfuerzo de Eduardo Stein, apenas 60 días antes, parece que nos quisimos olvidar como nación de lo que fue el grito precursor para la pronta recuperación del sistema de libertades: la gesta del 13 de noviembre de 1992, donde un grupo de esforzados y conscientes militares constitucionalistas, como lo fue Miguel Grau en el siglo XIX, se reunieron para cumplir con la tarea que la Constitución de 1979 le encargó a todos los peruanos: devolver a la nación a la democracia si alguien, como pasó con Fujimori y su gavilla, osaba arrebatársela.
Muchos callan porque quieren que se olvide, porque no les conviene que se les recuerde la manera timorata o complaciente como se portaron durante todos esos años en que se envileció a la nación con embustes y apariencias y donde se hicieron notar los silencios de quienes se hicieron de la vista gorda.
Han pasado de ello 19 años y todavía, pese a la sucesión de gobiernos democráticos no se ha terminado de reparar el daño que les causó la dictadura y de reconocer con hechos el patriotismo con que se condujeron sus protagonistas.
Como ciudadano peruano insto a nuestro Presidente, quien tuvo un acto parecido 8 años después de aquel, a que de una vez por todas concluya este capítulo. Me parece profundamente injusto que quienes no se atrevieron a defender el Estado de Derecho y las libertades y fueron ascendiendo en el escalafón militar manteniéndose a la sombra y sin protestar, aceptando los puestos incluso de subordinación directa a los Hermoza Ríos y Saucedos o Villanueva Ruestas, hayan pasado en cuanto a sus posiciones a quienes debieron de ser considerado primeros por servicios distinguidísimos al país, por el coraje demostrado y porque se atrevieron a mostrar un Ejército que por encima de personas cree en instituciones, y dentro de ellas, la democracia.
Se dieron leyes parciales que se cumplieron a regañadientes. La reparación para esos oficiales tiene que ser la de considerarlos ascendidos primero directamente en el momento de los sucesos por acción distinguida y luego, ascendidos automáticamente en cada oportunidad que les correspondió ascender, que mucho más vale en los militares los gestos de coraje y valor que saberse de memoria los manuales o repetir los procedimientos de formación.
Además, deberá el Estado terminar de reintegrarles todos esos derechos que la dictadura les arrebató. Los del 13 de noviembre, desde los capitanes que participaron y de allí para arriba, en todas sus jerarquías son mucho más generales que cualquiera.
Alberto Borea Odria
Fotografia: Caretas
miércoles, 9 de noviembre de 2011
OLLANTA HUMALA Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL
En reciente entrevista, el Presidente que fue electo para realizar un cambio en el tema de la distribución social y de la recuperación ética del país, ha señalado que no insistirá él, por ahora, con el tema de la reforma constitucional.
Esto es contradictorio con su mensaje de todo el período preelectoral, incluido el de la segunda vuelta, donde muchos peruanos lo apoyamos precisamente porque anunciaba que no se continuaría con esa cínica convivencia del poder en democracia, con las formas y las órdenes impuestas por una dictadura a la que dice haber combatido, aunque no fuera sino sólo en el 2000, luego de 8 años de iniciada la batalla por la sociedad civil y por los valientes militares del 13 de noviembre.
Hay que recordarle, por si quiere parecerse a él, que Alan García también prometió que acabaríamos con ese texto que no dice bien de la dignidad de los peruanos y que, con el cuento de “mejor esperamos para no discutir”, aunado a la peor interpretación del especio tiempo histórico ensayado para claudicar con la inmundicia, dejó pasar sus cinco años en el poder sin cumplir con su promesa. Anhelamos que no le pase lo mismo al Presidente Humala y que le ahorremos al Perú una nueva desilusión.
Pero el hecho que el Presidente no plantee la reforma, no quiere decir que el tema no se va a tocar. Hay varios millones de peruanos, el 78%, incluso en una encuesta de Apoyo con una pregunta bien sesgada para que se dijese que no debía de producirse un debate constitucional, que cree que debe de haber o una reforma a partir de la Constitución del 79, o una a partir de la “constitución” de 1993, o una Asamblea Constituyente.
Que al sector que se favoreció con el modelo excluyente en lo económico y lo social y liberado de controles políticos que planteó Fujimori le moleste que el tema se oponga a ello, es razonable. Pero una gran porción del país quiere que este tema se arregle.
Que Fujimori y sus secuaces dictaran una “constitución” apoyados en la fuerza no puede, como dijo Jean Jaques Rousseau obligar a su cumplimiento cuando esa fuerza ha cesado y cuando, además, fue producto de la voluntad de gente que delinquió contra el país. Los peruanos, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Queremos esta vez congruencia entre el dicho del candidato y del juramento presidencial.
Hoy más que nunca es preciso enseñar cuál es el camino y esperar que el Presidente Humala, así como se ha dejado envolver por los cantos de sirena de quienes en muy poco estimaron la democracia, se vuelva a sentir atraído por los clamores de ese país que lo eligió y que pide, aunque no sea riqueza, por lo menos una estructura jurídica y política que lo incluya y que se produzca de una vez para siempre, la cancelación de los vestigios de ese régimen detestable.
Alberto Borea Odria
Ilustracion: Internet
miércoles, 2 de noviembre de 2011
REFLEXIÓN SOBRE EL PAÍS: SIN ORDEN NO HAY PROGRESO
La asociación de orden y progreso es esencial en el mundo moderno. Si no existe el primero es muy difícil que se encuentre el segundo, y sin progreso no podrá haber mejoría en el nivel de vida de los habitantes de un país. Podrán, al río revuelto del caos, pescar más y más algunos privilegiados que saben cómo manejar mejor los personales intereses de quienes fingen estar al mando de la disciplina social, pero el hombre que carece de esa desfachatez verá cómo es que le pasan por encima todos aquellos vivarachos que se empavonan hasta lo máximo con su bienestar conseguido con la perpetuación del desorden.
Por eso es que resulta necesario que se dicten normas que se puedan cumplir, y que se perciba un compromiso de las autoridades por hacerlas efectivas.
Ello debe darse a todo nivel, pero debe plasmarse también en la supervisión estrecha y sin miramientos de las cosas sencillas que harán que la propia comunidad se vuelva menos comprensiva cuando las faltas son cometidas por quienes están en cargos de más alta responsabilidad y son más visibles. El “roba pero hace”, por ejemplo, podrá ser combatido en tanto que haya una disciplina social más marcada.
Para eso no basta ir muy lejos. Los caos que se generan en las carreteras o en las calles de Lima con el tránsito, pueden ser una buena muestra de ello. A cada instante quienes transitan por la vía de evitamiento son testigos de dos cosas: de las reiteradas señales que indican que los vehículos pesados no pueden ir por el carril izquierdo y, a la vez, de los numerosos camiones que transitan precisamente por ese carril. De la misma forma, en las carreteras se ve signos de la velocidad máxima y bólidos que centellean a una velocidad mucho mayor que la marcada. Ni qué decir de camiones que usan una potentísima luz blanca en la parte posterior de su vehículo la que se activa con el freno y que ciegan a quien viene detrás de ellos con el grave riesgo de una colisión.
Esto se multiplica en las ciudades donde cualquier vehículo de servicio público para donde le viene en gana o donde se cierran las intersecciones por meter el carro cuando ya no hay espacio en la siguiente cuadra.
Todo esto está catalogado como infracción, todo esto es visto por cientos de policías y nada de esto es sancionado, contribuyendo así a la sensación de la inutilidad de las normas y a la devaluación total del Derecho.
Este tópico es muy bueno para saber si, efectivamente hay un compromiso de las autoridades con las leyes, o si estas solamente están de adorno o para garantizar arbitrariedad y ventaja a quienes dicen ser encargados de aplicarlas. Si no empezamos por esas pequeñas cosas, si como país no nos disciplinamos, nos estancaremos, aunque las cuentas nacionales digan que crecemos en la economía al 8%. Sin orden, nadie disfrutará del progreso.
Alberto Borea Odria
Foto: La Primera.pe
miércoles, 26 de octubre de 2011
A propósito del caso de Ciro Castillo Rojo: HABLAR POR HABLAR
Es impresionante la manera como saltan a la piscina los entrevistados respecto al caso del joven Ciro Castillo. Este virus no sólo ataca a las personas de a pié, bueno fuera, sino que se inocula especialmente en aquellos que tienen un cargo público o una notoriedad política y que son abordados para que opinen sobre los distintos giros que toma el caso o sobre el lugar donde deben de hacerse las diligencias o sobre las medidas que se deben de tomar en contra de los involucrados.
Más sorprendente todavía es cuando se absuelve o se condena sin haber visto una sola prueba de lo que está en el expediente y donde se presume, especialmente por los hechos que a su vez han supuesto quienes tienen la facilidad de hablar a través de los medios de comunicación, acerca de las conclusiones que se puede extraer de este brumoso caso.
Muchos medios se sienten tentados a poner en cuestión al juez o al fiscal porque ordena tal o cual diligencia, cuando a su juicio ya no es necesaria, o cuando se prescinde, por el contrario, de llevar adelante una actuación que quienes investigan como autoridades no estiman ya relevante.
Todo esto nos lleva a los juicios mediáticos, a las condenas sin análisis y a veces hasta en contra de lo que dice la razón o lo que el propio juzgador ve del resultado de esas indagaciones y de la aplicación del derecho. En este caso el acusado o el comprometido en la pesquisa ven angostado el margen de su actuación, puesto que los encargados de aplicar las leyes y de hacer justicia, se sienten presionados al punto de entender que será un demérito el ir en contra de la opinión mayoritaria.
Muchas veces, cada vez con más frecuencia, los jueces y fiscales se dejan llevar por lo que leen en los diarios, escuchan en las radios o ven en la televisión y carecen del coraje necesario para saber decidir al margen de lo que diga la mayoría. Creen que si contradicen ese veredicto mediático van a ver comprometidas sus posibilidades de ascenso o de permanencia en su carrera, o también, de alcanzar una notoriedad que les sirva de trampolín para su vida futura.
Hay quienes creen que por haber sido elegidos o designados están en la obligación de opinar sobre todo. Con ello sólo contribuyen a la confusión y, porque no decirlo, a convertir e muchos inocentes en culpables o a que los sindicados deban de soportar situaciones de pérdida de su libertad mientras se aclaran las cosas en el proceso y se decide por parte de quienes están en la posibilidad de hacerlo bien.
Alberto Borea Odria
Foto: Internet
viernes, 21 de octubre de 2011
LOS DESTINOS DE LOS MILITARES
En la Constitución de 1979 los ascensos a los cargos de oficiales generales debían de ser ratificados por el Senado de la República. Ello permitía transmitir que la lealtad que quienes a ese cargo ascendían y a quienes les correspondía conducir a la institución armada, así como a la que se encarga de proteger el orden interno, debía de ser con el sistema y con la globalidad del país y no con un ser de carne y hueso llamado Presidente de la República.
Se dijo que ello obligaba a que los oficiales se acercaran a los senadores para presentar sus casos y que terminaba siendo una negociación entre los distintos sectores políticos. Sin embargo, la remoción de esta modalidad por parte de la “constitución” de 1993, ha sido peor que la forma que ha reemplazado. Hoy día hay que estar bien sólo con uno, el Presidente o su círculo cercano, y hay siempre la tentación, en la que se cayó con frecuencia en la época de Fujimori, de ponerse al servicio de ese personaje de la vida política sin ningún empacho con relación a los actos que se llevan a cabo. Vale decir, la politización sigue existiendo, pero con el agravante que resulta ejercerse al arbitrio de un solo actor y sin el control que siempre presta el equilibrio. A mi criterio no sólo los ascensos a estos cargos, sino también las invitaciones al retiro en estas esferas, deberían de ser materia de ratificación por el Senado o por el órgano legislativo. De esta manera se aminora el peligro de las tentaciones de dejar de lado a quienes por razones ajenas a la competencia profesional o a la disciplina debida, puedan resultar incómodos para quien quiera sacar los pies del plato democrático.
Pero no sólo es este el problema de los ascensos. También se presenta en las continuas injusticias y postergaciones inexplicables que se repiten en los procesos para escalar en los rangos menores. Luego del examen quien quedó primero utilizando los criterios que se fijaron en la convocatoria, es dejado de lado porque los de su promoción “no deben de ascender” porque ya no van a llegar a ser generales. Y entonces, ¿para que se les permitió postular? O ¿acaso todos los que están en el ejército deben de poder ser generales, no puede haber buenos coroneles o buenos comandantes que cumplan con eficiencia su tarea en esos escalones de la carrera militar?
Todo esto tiene que acabar y reformarse. La vida militar no puede ser sinónimo de campo fértil para la injusticia irreparable.
Alberto Borea Odria
Foto: Internet
miércoles, 5 de octubre de 2011
JAIME DE ALTHAUS Y LA INTOLERANCIA DEL TEMOR
No acostumbro contestar las alusiones que se hace contra mi persona, pero en este caso lo voy a hacer porque teniendo quien la ha formulado una tribuna diaria, no quiero ni que se de por aceptada la especie, ni menos por absorbido sin protesta un agravio de la peor cosecha.
En mi vida pública, más allá de las discrepancias que he tenido con distintos políticos y personas, sólo una vez antes que esta, me dijeron que no quería a mi patria. Esa vez lo hicieron Fujimori y Montesinos, allá por 1992 cuando me endilgaron junto a Mario Vargas Llosa, César Hildebrandt y Gustavo Gorriti, el membrete de antipatriotas. La causa fue que luchábamos porque nuestra nación no se dejase idiotizar por los artífices de una campaña destinada a acallar cualquier protesta que dejase en claro que lo que estaba instaurando en el Perú no era una democracia, sino una dictadura, y que los países amigos del Perú y su pueblo, debían de medir con esa vara a quien se había alzado con el poder.
El miércoles pasado, Jaime de Althaus, en su programa de televisión diario, escandalizado por el proyecto que hemos presentado para que se resuelva la crisis que atraviesa el sistema constitucional peruano, volvió a soltar la especie. Por cierto que notas parecidas se habían publicado en su columna del diario “El Comercio”.
Ya sabemos que la historia no le dio la razón ni a Fujimori, ni a quienes como Jaime de Althaus lo admiraban y le quemaban incienso en sus programas del entonces Cable Canal de Noticias. Si por él hubiera sido, hasta el día de hoy estaríamos sometidos a la dictadura en aras de una supuesta libertad económica. Quiero citar aquí a Giovanni Sartori cuando en su libro “La Democracia en 30 lecciones” dice: “El que renuncia a la libertad a cambio de pan es sólo un … (digamos nosotros un equivocado, para no agraviar). Si la libertad no da pan, es aún más seguro que tampoco lo da la falta de libertad”.
Nada hubiera sido más lógico y caballeroso, ya que me había aludido malamente, que pudiésemos tener una conversación en igualdad de condiciones al día siguiente, pero él se negó a ello. Primero me citó para ese lance que acepté y a las pocas horas se retractó.
Una pena porque más allá de las grandes distancias ideológicas, primero en la Universidad cuando él estaba cercano al comunismo y yo en el centro; y luego ya mayores, donde él se había pasado a la dictadura de derecha y yo seguía en el centro democrático, es una persona a la que no le tengo ni inquina ni rencor, ni menos por cierto, envidia.
Espero que Jaime sepa retractarse y pedir las disculpas del caso. Un agravio como el que me ha dirigido no creo merecerlo. La intolerancia de sus mentores no debería pegársele a él, quien siempre ha pretendido dar una imagen atildada. Que la elegancia entre también dentro de sí.
Alberto Borea Odria
Articulo publicado en La Primera
Foto: Internet
lunes, 3 de octubre de 2011
Alberto Borea: “Alan García estafó al pueblo peruano”, a proposito de la reforma constitucional que se plantea
El constitucionalista Alberto Borea y los apristas Javier Valle Riestra y Carlos Roca criticaron al expresidente Alan García por no cumplir con su promesa de restituir la Constitución Política del Perú de 1979, por lo que consideraron que “traicionó” al pueblo y tuvo una actitud “timorata” frente a grupos de poder económico.
“Alan García claudicó, no cumplió, estafó al pueblo peruano, porque le dijo que íbamos a tener nuevamente una Constitución democrática a partir de la Carta en la cual él también participó, junto con Carlos Roca y Javier Valler Riestra”, indicó Alberto Borea.
Sostuvo que pese a su promesa, García prefirió “la miel del poder” y los contactos que adquirió antes, que el compromiso personal con el pueblo peruano.
Borea hizo estas declaraciones durante una reunión convocada en la sede del Colegio de Abogados de Lima y ante numerosos letrados, con el fin de dar detalles de la iniciativa legislativa que plantea la reforma de la actual Constitución, sobre la base de la Carta Magna de 1979.
Por su parte, Javier Valle Riestra sostuvo que pese a que la reforma constitucional estuvo implícita en el plan de gobierno del Apra en el año 2006, “tuvieron miedo de asustar a los grupúsculos económicos de poder, creyendo que retornar a la Constitución de 1979 era dañino para sus intereses, cuando no lo es”.
En ese sentido indicó que el régimen pasado tuvo una actitud “timorata” frente a los factores reales del poder, así como una falta de decisión, abulia e inercia política.
Por su parte, Carlos Roca hizo uso de la palabra como miembro del Partido Aprista y expresó su satisfacción por la reforma de la Constitución de 1993, porque ese fue un reclamo del “partido del pueblo” que se incluyó en el Plan de Gobierno que el Apra presentó durante la campaña electoral del año 2006.
Articulo publicado en www.Diario16.pe
jueves, 29 de septiembre de 2011
REFORMA CONSTITUCIONAL: TOMANDO LA INICIATIVA
A un grupo de peruanos que hemos luchado intensamente contra las dictaduras nos parece preciso para el país que no vuelva a estancarse el propósito de reforma constitucional que insinuó el Presidente Humala en su discurso inaugural.
Han pasado dos meses desde esa declaración y al no haber tomado la iniciativa los parlamentarios ni el Poder Ejecutivo, es necesario que se impulse el tema desde la sociedad civil, aquella que nunca cejó en su lucha por devolver al Perú al estado de dignidad constitucional.
Hay quienes creen que es asunto de menor cuantía o una lindeza de la que hay que correr, el hecho que el Perú sea gobernado según lo que quiso una dictadura. Eso no es verdad. Incluso si Keiko Fujimori señaló en la campaña que se arrepentía del golpe de Estado que se perpetró en 1992, no puede menos que revisarse el fruto directo de ese acto que provoca el pedido de perdón: la denominada constitución de 1993.
La propuesta apunta a que sea este Congreso plural, elegido hace menos de medio año, el que debata y revise el sistema constitucional del país teniendo como base la Carta de 1979. Fija además un plazo suficiente para que este hecho se produzca. No le coloca un poder constituyente al lado de tal forma que sean los propios elegidos los que cavilen con tranquilidad y decidan sobre una Constitución donde todos puedan llevarse en armonía consolidándose el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo económico que nos ha de beneficiar a todos.
De esta manera, todos los sectores, incluso el fujimorismo, esta vez bajo las reglas democráticas, podrán participar en este debate y el resultado será el de una norma que refleje una voluntad auténtica.
Ello servirá de lección no sólo en el país, sino también en el hemisferio, de que una dictadura no tiene derecho a endilgarle al país su credo y a que todas las autoridades de una nación democrática, resultado de la lucha contra ese flagelo autoritario, deben de seguir a pie juntillas con sus dictados. Como señalaba Rousseau, “la fuerza es una potencia física, y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber?... Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en absoluto”.
Esto mismo pasó con la “constitución” de 1993. Impuesta por la fuerza como barniz de una dictadura y estando ya presos los que sometieron al país, no tiene el Perú ninguna obligación de obedecer lo que quiso el autócrata.
Vayamos hacia las nuevas reglas que se ha de dar la democracia. Para ello, apoyemos la iniciativa popular de reforma constitucional firmando los planillones.
Alberto Borea Odria
Imagen tomada de internet
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