A propósito del caso de Ciro Castillo Rojo: HABLAR POR HABLAR

Es impresionante la manera como saltan a la piscina los entrevistados respecto al caso del joven Ciro Castillo. Este virus no sólo ataca a las personas de a pié, bueno fuera, sino que se inocula especialmente en aquellos que tienen un cargo público o una notoriedad política y que son abordados para que opinen sobre los distintos giros que toma el caso o sobre el lugar donde deben de hacerse las diligencias o sobre las medidas que se deben de tomar en contra de los involucrados.

Más sorprendente todavía es cuando se absuelve o se condena sin haber visto una sola prueba de lo que está en el expediente y donde se presume, especialmente por los hechos que a su vez han supuesto quienes tienen la facilidad de hablar a través de los medios de comunicación, acerca de las conclusiones que se puede extraer de este brumoso caso.

Muchos medios se sienten tentados a poner en cuestión al juez o al fiscal porque ordena tal o cual diligencia, cuando a su juicio ya no es necesaria, o cuando se prescinde, por el contrario, de llevar adelante una actuación que quienes investigan como autoridades no estiman ya relevante.

Todo esto nos lleva a los juicios mediáticos, a las condenas sin análisis y a veces hasta en contra de lo que dice la razón o lo que el propio juzgador ve del resultado de esas indagaciones y de la aplicación del derecho. En este caso el acusado o el comprometido en la pesquisa ven angostado el margen de su actuación, puesto que los encargados de aplicar las leyes y de hacer justicia, se sienten presionados al punto de entender que será un demérito el ir en contra de la opinión mayoritaria.

Muchas veces, cada vez con más frecuencia, los jueces y fiscales se dejan llevar por lo que leen en los diarios, escuchan en las radios o ven en la televisión y carecen del coraje necesario para saber decidir al margen de lo que diga la mayoría. Creen que si contradicen ese veredicto mediático van a ver comprometidas sus posibilidades de ascenso o de permanencia en su carrera, o también, de alcanzar una notoriedad que les sirva de trampolín para su vida futura.

Hay quienes creen que por haber sido elegidos o designados están en la obligación de opinar sobre todo. Con ello sólo contribuyen a la confusión y, porque no decirlo, a convertir e muchos inocentes en culpables o a que los sindicados deban de soportar situaciones de pérdida de su libertad mientras se aclaran las cosas en el proceso y se decide por parte de quienes están en la posibilidad de hacerlo bien.

Ojalá que aprendan las personas públicas a decir “sobre este tema que no conozco a fondo, prefiero no opinar”. El Perú, avanzaría mucho.

Alberto Borea Odria

Foto: Internet