jueves, 22 de diciembre de 2011

“¿LEY MORDAZA?”. Respuesta a los critican el cambio de la ley sobre las interceptaciones y difusión de las comunicaciones privadas





Con todo el poder que la prensa ostenta en este siglo XXI, se ha motejado al proyecto presentado por Javier Bedoya penalizando la conducta de quienes difunden el contenido de las comunicaciones privadas, como “la ley mordaza”.

Nadie tiene derecho a invadir la esfera de privacidad de las personas. Este es un ámbito reservado en las comunidades para que se produzca el desarrollo personal, para que el ser humano se explaye con total libertad y sin temor, incluso, a las convenciones sociales o a que las normas de conducta o urbanidad sean traspasadas. Opinan sin tapujos y sin límites lo que piensan acerca de otras personas o de determinadas situaciones, hablan en hipótesis o con ánimo lúdico, dan curso a sus entusiasmos o manifiestan sus depresiones. En suma, si como decían los antiguos ingleses respecto a lo que se vivía al interior de las cuatro paredes de su morada de que “My home is my castle”, con lo cual se dejaba afuera al rey y a las autoridades sin poder invadir ese recinto, hoy se puede señalar lo mismo con respecto a las comunicaciones “My telephone is my heart” .

Si permitimos que ello suceda se dará pie a la maldición que denuncia Norberto Bobbio con relación a las sociedades modernas, donde no es ya la persona la que controla al poder, sino el poder el que controla al individuo.
En la democracia nadie puede sentirse al margen del respeto que debe a los derechos constitucionales de los demás. Tampoco la prensa. No porque en algunas y recalco, algunas, oportunidades ha actuado conforme a los objetivos de la democracia y ajena a toda pretensión de favorecimiento singular, podemos decir que ese ha sido el patrón. En muchos, también recalco, bastantes casos, ese poder ha sido utilizado para hostigar a los adversarios no sólo políticos, sino de grupos económicos diferentes a aquellos que tienen el control de los medios.

Los delitos de interferencia que de por sí son graves, se convierten en inmensamente más crueles para la víctima cuando lo conversado en ese espacio propio se difunde y se autoriza per se cada comentarista o cada lector o televidente al que se hace llegar la materia del delito (la propia interfenrencia) a especular sobre lo que se dijo en diálogo privado y a hacer expresiones de valor a partir de eso. 

Por ello es que resulta acertado que se penalice a quienes proceden sin respeto a las formas constitucionales, donde queda claro que es el Juez el encargado de decidir si se autoriza o no la interferencia y cuáles de esas conversaciones agrega al sumario. Los periodistas no pueden pretender ni que les pongamos corona ni en convertirse en jueces de su propia causa.

Ya el dictamen ha amenguado los efectos del proyecto original. Esperamos que quienes tienen que decidir no vuelvan a flaquear por la tinta que se vierte en los periódicos o los espacios que se repiten en los medios de comunicación.


Alberto Borea Odria



Imagen: edicion online de Peru21

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