A propósito del caso de Ciro Castillo Rojo: HABLAR POR HABLAR

Es impresionante la manera como saltan a la piscina los entrevistados respecto al caso del joven Ciro Castillo. Este virus no sólo ataca a las personas de a pié, bueno fuera, sino que se inocula especialmente en aquellos que tienen un cargo público o una notoriedad política y que son abordados para que opinen sobre los distintos giros que toma el caso o sobre el lugar donde deben de hacerse las diligencias o sobre las medidas que se deben de tomar en contra de los involucrados.

Más sorprendente todavía es cuando se absuelve o se condena sin haber visto una sola prueba de lo que está en el expediente y donde se presume, especialmente por los hechos que a su vez han supuesto quienes tienen la facilidad de hablar a través de los medios de comunicación, acerca de las conclusiones que se puede extraer de este brumoso caso.

Muchos medios se sienten tentados a poner en cuestión al juez o al fiscal porque ordena tal o cual diligencia, cuando a su juicio ya no es necesaria, o cuando se prescinde, por el contrario, de llevar adelante una actuación que quienes investigan como autoridades no estiman ya relevante.

Todo esto nos lleva a los juicios mediáticos, a las condenas sin análisis y a veces hasta en contra de lo que dice la razón o lo que el propio juzgador ve del resultado de esas indagaciones y de la aplicación del derecho. En este caso el acusado o el comprometido en la pesquisa ven angostado el margen de su actuación, puesto que los encargados de aplicar las leyes y de hacer justicia, se sienten presionados al punto de entender que será un demérito el ir en contra de la opinión mayoritaria.

Muchas veces, cada vez con más frecuencia, los jueces y fiscales se dejan llevar por lo que leen en los diarios, escuchan en las radios o ven en la televisión y carecen del coraje necesario para saber decidir al margen de lo que diga la mayoría. Creen que si contradicen ese veredicto mediático van a ver comprometidas sus posibilidades de ascenso o de permanencia en su carrera, o también, de alcanzar una notoriedad que les sirva de trampolín para su vida futura.

Hay quienes creen que por haber sido elegidos o designados están en la obligación de opinar sobre todo. Con ello sólo contribuyen a la confusión y, porque no decirlo, a convertir e muchos inocentes en culpables o a que los sindicados deban de soportar situaciones de pérdida de su libertad mientras se aclaran las cosas en el proceso y se decide por parte de quienes están en la posibilidad de hacerlo bien.

Ojalá que aprendan las personas públicas a decir “sobre este tema que no conozco a fondo, prefiero no opinar”. El Perú, avanzaría mucho.

Alberto Borea Odria

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LOS DESTINOS DE LOS MILITARES

El gran número de generales pasados al retiro como consecuencia de la designación del nuevo jefe de la Policía Nacional, hace que se piense en la corrección del sistema. Este artículo, no obstante, no juzga el caso concreto, sino que elabora hacia lo que debe ser un mejor modo de garantizarnos el equilibrio y la capacidad de las instituciones y la permanencia y desarrollo en ellas de los profesionales más capaces.

            En la Constitución de 1979 los ascensos a los cargos de oficiales generales debían de ser ratificados por el Senado de la República. Ello permitía transmitir que la lealtad que quienes a ese cargo ascendían y a quienes les correspondía conducir a la institución armada, así como a la que se encarga de proteger el orden interno, debía de ser con el sistema y con la globalidad del país y no con un ser de carne y hueso llamado Presidente de la República.

Se dijo que ello obligaba a que los oficiales se acercaran a los senadores para presentar sus casos y que terminaba siendo una negociación entre los distintos sectores políticos. Sin embargo, la remoción de esta modalidad por parte de la “constitución” de 1993, ha sido peor que la forma que ha reemplazado. Hoy día hay que estar bien sólo con uno, el Presidente o su círculo cercano, y hay siempre la tentación, en la que se cayó con frecuencia en la época de Fujimori, de ponerse al servicio de ese personaje de la vida política sin ningún empacho con relación a los actos que se llevan a cabo. Vale decir, la politización sigue existiendo, pero con el agravante que resulta ejercerse al arbitrio de un solo actor y sin el control que siempre presta el equilibrio.

            A mi criterio no sólo los ascensos a estos cargos, sino también las invitaciones al retiro en estas esferas, deberían de ser materia de ratificación por el Senado o por el órgano legislativo. De esta manera se aminora el peligro de las tentaciones de dejar de lado a quienes por razones ajenas a la competencia profesional o a la disciplina debida, puedan resultar incómodos para quien quiera sacar los pies del plato democrático.

Pero no sólo es este el problema de los ascensos. También se presenta en las continuas injusticias y postergaciones inexplicables que se repiten en los procesos para escalar en los rangos menores. Luego del examen quien quedó primero utilizando los criterios que se fijaron en la convocatoria, es dejado de lado porque los de su promoción “no deben de ascender” porque ya no van a llegar a ser generales. Y entonces, ¿para que se les permitió postular? O ¿acaso todos los que están en el ejército deben de poder ser generales, no puede haber buenos coroneles o buenos comandantes que cumplan con eficiencia su tarea en esos escalones de la carrera militar?

            Todo esto tiene que acabar y reformarse. La vida militar no puede ser sinónimo de campo fértil para la injusticia irreparable.

Alberto Borea Odria

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JAIME DE ALTHAUS Y LA INTOLERANCIA DEL TEMOR

No acostumbro contestar las alusiones que se hace contra mi persona, pero en este caso lo voy a hacer porque teniendo quien la ha formulado una tribuna diaria, no quiero ni que se de por aceptada la especie, ni menos por absorbido sin protesta un agravio de la peor cosecha.

            En mi vida pública, más allá de las discrepancias que he tenido con distintos políticos y personas, sólo una vez antes que esta, me dijeron que no quería a mi patria. Esa vez lo hicieron Fujimori y Montesinos, allá por 1992 cuando me endilgaron junto a Mario Vargas Llosa, César Hildebrandt y Gustavo Gorriti, el membrete de antipatriotas. La causa fue que luchábamos porque nuestra nación no se dejase idiotizar por los artífices de una campaña destinada a acallar cualquier protesta que dejase en claro que lo que estaba instaurando en el Perú no era una democracia, sino una dictadura, y que los países amigos del Perú y su pueblo, debían de medir con esa vara a quien se había alzado con el poder.

            El miércoles pasado, Jaime de Althaus, en su programa de televisión diario, escandalizado por el proyecto que hemos presentado para que se resuelva la crisis que atraviesa el sistema constitucional peruano, volvió a soltar la especie. Por cierto que notas parecidas se habían publicado en su columna del diario “El Comercio”.

            Ya sabemos que la historia no le dio la razón ni a Fujimori, ni a quienes como Jaime de Althaus lo admiraban y le quemaban incienso en sus programas del entonces Cable Canal de Noticias. Si por él hubiera sido, hasta el día de hoy estaríamos sometidos a la dictadura en aras de una supuesta libertad económica. Quiero citar aquí a Giovanni Sartori cuando en su libro “La Democracia en 30 lecciones” dice: “El que renuncia a la libertad a cambio de pan es sólo un … (digamos nosotros un equivocado, para no agraviar). Si la libertad no da pan, es aún más seguro que tampoco lo da la falta de libertad”.

            Nada hubiera sido más lógico y caballeroso, ya que me había aludido malamente, que pudiésemos tener una conversación en igualdad de condiciones al día siguiente, pero él se negó a ello. Primero me citó para ese lance que acepté y a las pocas horas se retractó.

            Una pena porque más allá de las grandes distancias ideológicas, primero en la Universidad cuando él estaba cercano al comunismo y yo en el centro; y luego ya mayores, donde él se había pasado a la dictadura de derecha y yo seguía en el centro democrático, es una persona a la que no le tengo ni inquina ni rencor, ni menos por cierto, envidia.

            Espero que Jaime sepa retractarse y pedir las disculpas del caso. Un agravio como el que me ha dirigido no creo merecerlo. La intolerancia de sus mentores no debería pegársele a él, quien siempre ha pretendido dar una imagen atildada. Que la elegancia entre también dentro de sí.

Alberto Borea Odria

Articulo publicado en La Primera

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Alberto Borea: “Alan García estafó al pueblo peruano”, a proposito de la reforma constitucional que se plantea

El constitucionalista Alberto Borea y los apristas Javier Valle Riestra y Carlos Roca criticaron al expresidente Alan García por no cumplir con su promesa de restituir la Constitución Política del Perú de 1979, por lo que consideraron que “traicionó” al pueblo y tuvo una actitud “timorata” frente a grupos de poder económico.

“Alan García claudicó, no cumplió, estafó al pueblo peruano, porque le dijo que íbamos a tener nuevamente una Constitución democrática a partir de la Carta en la cual él también participó, junto con Carlos Roca y Javier Valler Riestra”, indicó Alberto Borea.

Sostuvo que pese a su promesa, García prefirió “la miel del poder” y los contactos que adquirió antes, que el compromiso personal con el pueblo peruano.

Borea hizo estas declaraciones durante una reunión convocada en la sede del Colegio de Abogados de Lima y ante numerosos letrados, con el fin de dar detalles de la iniciativa legislativa que plantea la reforma de la actual Constitución, sobre la base de la Carta Magna de 1979.

Por su parte, Javier Valle Riestra sostuvo que pese a que la reforma constitucional estuvo implícita en el plan de gobierno del Apra en el año 2006, “tuvieron miedo de asustar a los grupúsculos económicos de poder, creyendo que retornar a la Constitución de 1979 era dañino para sus intereses, cuando no lo es”.

En ese sentido indicó que el régimen pasado tuvo una actitud “timorata” frente a los factores reales del poder, así como una falta de decisión, abulia e inercia política.

Por su parte, Carlos Roca hizo uso de la palabra como miembro del Partido Aprista y expresó su satisfacción por la reforma de la Constitución de 1993, porque ese fue un reclamo del “partido del pueblo” que se incluyó en el Plan de Gobierno que el Apra presentó durante la campaña electoral del año 2006.

Articulo publicado en www.Diario16.pe

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