LOS DESTINOS DE LOS MILITARES

El gran número de generales pasados al retiro como consecuencia de la designación del nuevo jefe de la Policía Nacional, hace que se piense en la corrección del sistema. Este artículo, no obstante, no juzga el caso concreto, sino que elabora hacia lo que debe ser un mejor modo de garantizarnos el equilibrio y la capacidad de las instituciones y la permanencia y desarrollo en ellas de los profesionales más capaces.

            En la Constitución de 1979 los ascensos a los cargos de oficiales generales debían de ser ratificados por el Senado de la República. Ello permitía transmitir que la lealtad que quienes a ese cargo ascendían y a quienes les correspondía conducir a la institución armada, así como a la que se encarga de proteger el orden interno, debía de ser con el sistema y con la globalidad del país y no con un ser de carne y hueso llamado Presidente de la República.

Se dijo que ello obligaba a que los oficiales se acercaran a los senadores para presentar sus casos y que terminaba siendo una negociación entre los distintos sectores políticos. Sin embargo, la remoción de esta modalidad por parte de la “constitución” de 1993, ha sido peor que la forma que ha reemplazado. Hoy día hay que estar bien sólo con uno, el Presidente o su círculo cercano, y hay siempre la tentación, en la que se cayó con frecuencia en la época de Fujimori, de ponerse al servicio de ese personaje de la vida política sin ningún empacho con relación a los actos que se llevan a cabo. Vale decir, la politización sigue existiendo, pero con el agravante que resulta ejercerse al arbitrio de un solo actor y sin el control que siempre presta el equilibrio.

            A mi criterio no sólo los ascensos a estos cargos, sino también las invitaciones al retiro en estas esferas, deberían de ser materia de ratificación por el Senado o por el órgano legislativo. De esta manera se aminora el peligro de las tentaciones de dejar de lado a quienes por razones ajenas a la competencia profesional o a la disciplina debida, puedan resultar incómodos para quien quiera sacar los pies del plato democrático.

Pero no sólo es este el problema de los ascensos. También se presenta en las continuas injusticias y postergaciones inexplicables que se repiten en los procesos para escalar en los rangos menores. Luego del examen quien quedó primero utilizando los criterios que se fijaron en la convocatoria, es dejado de lado porque los de su promoción “no deben de ascender” porque ya no van a llegar a ser generales. Y entonces, ¿para que se les permitió postular? O ¿acaso todos los que están en el ejército deben de poder ser generales, no puede haber buenos coroneles o buenos comandantes que cumplan con eficiencia su tarea en esos escalones de la carrera militar?

            Todo esto tiene que acabar y reformarse. La vida militar no puede ser sinónimo de campo fértil para la injusticia irreparable.

Alberto Borea Odria

Foto: Internet