sábado, 8 de enero de 2011

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, SUS RECTORES, SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD





Alberto Borea Odria

De un tiempo a esta parte, resulta que muchos rectores de universidades privadas descubren su vocación por lo público e inician carreras políticas premunidos de una gruesa billetera que les permite montar organizaciones y tener una fuerte presencia en medios. Este exceso de liquidez proviene, qué duda cabe, de la multiplicación de los recursos que facilita un sector al que se que se han concedido beneficios tributarios para destinarlos a esa actividad.

Casi no hay dueño de universidad que no haya comenzado o reforzado, si acaso ya la había iniciado antes, su aventura por el mundo de la política. Los excedentes que parecen ser cuantiosos son invertidos en esta otra actividad. Lo que se deja de pagar en tributos se gasta en la promoción de la figura pública de sus autoridades. De esta manera, todos los peruanos terminamos pagando los afanes de quienes dan ese salto.

Los nombres de José Luna Gálvez, César Acuña Peralta, Fidel Ramírez, Raúl Diez Canseco, Rosa Núñez (candidata a vicepresidenta de la lista de Solidaridad Nacional) y muchos otros más en distintas partes del país atestiguan de la corrección de este aserto. Creo que es bueno que quién tiene vocación por lo público participe en la política, lo que no es tan deseable es que lo haga con las ayudas que provienen del resto de ciudadanos en forma de impuestos exonerados.

HAY QUE REVISAR LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN
Las leyes deberían modificarse para que, sin disminuir el estímulo a reinvertir en el sector educación y, si acaso, permitiendo un beneficio especial pero moderado con relación a los excedentes, no se genere un traspaso de esos dineros a otras actividades donde quien tiene otro tipo de negocio, ocupación u oficio, sí tiene que pagar completa la tasa fijada. Los industriales pesqueros o los comerciantes de abarrotes tienen que contribuir al sostenimiento de las escuelas públicas o a la construcción de caminos.

Las normas de promoción en este sector han tenido su lógica en un momento en que había que salir de la concepción de una educación que no podía combinarse con el término lucro, al que se consideraba obsceno, y donde se pretendía que esta actividad se encargase sólo a apóstoles comprometidos con el ideal.


HAY QU
E TENER CUIDADO CON EL CULTO A LA PERSONALIDAD AUSPICIADO CON LOS IMPUESTOS QUE SE DEJAN DE PAGAR
Hoy, sin embargo se ha pasado de esa pretensión que pudo ser paralizante, al otro extremo, a aquél en el cual la educación se confunde, entre otras cosas, con el fomento del culto a la persona que resulta rector o promotor de esa casa de estudios. Hace pocos días tuve la oportunidad de concurrir a un acto de una de esas universidades y, además de tener que escuchar de cada uno de los oradores que pertenecían a esa institución, loas a ese personaje, me tocó oír en el propio himno de esa misma universidad, repetido el nombre de esta persona como si se tratara del “salve salve”.

Si quieren halagar su ego de esta forma, no tengo nada que objetar, pero que lo hagan con dinero que dejan de pagar al Estado y donde, en consecuencia, la carga para la satisfacción de las obras públicas tiene que repartirse entre menos, ya resulta enervante.

Si quieren hacer partidos, adelante, bienvenidos, pero que los mismos resulten financiados con los excedentes de esa actividad que ya es más económica que apostólica, no me parece correcto.

HAY QUE FISCALIZAR LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS EXONERADOS
Por ello sería conveniente que se revisase tanto el contexto de las exoneraciones tributarias como la fiscalización de los montos que aparecen destinados a las tareas educativas pero que en realidad son utilizados a favor de sus propias campañas partidarias. ¿Son los sueldos que se pagan verdaderamente para profesores o investigadores, o se solventa con ello las planillas de los activistas encargados de recoger firmas o convocar adhesiones, o de organizar o arengar comités? ¿Son los alquileres que se pagan o las propiedades que se compran como si fueran para la universidad para que funcionen allí instalaciones que tienen que ver con el proceso de enseñanza, o se utilizan como locales partidarios? ¿Son los pasajes que se deducen como gasto comprados con el propósito de trasladar a maestros que ilustran a la población universitaria, o se utilizan para giras proselitistas? También sería interesante si el Jurado Nacional de Elecciones se puede dar una vuelta por este fundo.

En todo caso, esta debe ser una tarea del próximo parlamento. Allí veremos, entre otras cosas, cuántos de los medios de comunicación que reciben frecuente publicidad de estos negocios, van a matricularse en este objetivo y van a investigar sobre estos privilegios. De repente nos volvemos a dar cuenta, como en el caso de otras actividades, que los intereses se entremezclan y provocan silencios que resultan más ominosos en aquellos que siempre quieren ver la paja en el ojo ajeno.

En suma, sí creo que debe de haber un beneficio para quienes ayudan al Estado en el propósito de proveer educación a los peruanos, pero no siendo ya que se trata de un albur en el que no se conoce el destino de una inversión, debe rebajarse a un quinto de lo que hoy es ese beneficio, debe haber también una exoneración para todo aquello que sea reinvertido en el propósito educativo, pero debe haber también un mejor control para que so capa de una actividad importante en lo social, no se derive esos recursos exonerados hacia una actividad en la que deben de estar esos promotores en pie de igualdad con las demás personas que trabajan en otros sectores y que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo del Perú.

Fotos tomadas de internet

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